30 julio 2009
29 julio 2009
28 julio 2009
22 julio 2009
Transportadora lleva ducto a Argentina
Transportadora lleva ducto a Argentina
Miércoles, 22 Julio 2009
2009-07-22 07:49:38 A partir de 2010, Bolivia tendrá la capacidad de exportar 20,3 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) de gas natural a Argentina, proyecto para el que YPFB Transporte...
Miércoles, 22 Julio 2009
2009-07-22 07:49:38 A partir de 2010, Bolivia tendrá la capacidad de exportar 20,3 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) de gas natural a Argentina, proyecto para el que YPFB Transporte...
B.O. 03/12/08 - Decreto 2067/08 - GAS NATURAL - Crea Fondo Fiduciario para importaciones de gas natural y complementar inyección de gas natural......
Bs. As., 27/11/2008
VISTO el Expediente Nº S01:0498535/2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y lo establecido en las Leyes Nros. 25.561 sus modificatorias y complementarias, 17.319, 24.076, sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º de la Ley Nº 25.561 se delegaron facultades al PODER EJECUTIVO NACIONAL a los efectos de proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios; de reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales; de crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública y de reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido.
Que el Artículo 9º de la Ley Nº 25.561 autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar los contratos de obras y servicios públicos, aclarando que en el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.
Que posteriormente el PODER EJECUTIVO NACIONAL actuando dentro del marco de la emergencia pública declarada por la Ley Nº 25.561, dictó diversos actos por los que se establecieron medidas tendientes a reestructurar un conjunto heterogéneo de relaciones de intercambio de la economía doméstica regidas por el derecho público y por el derecho privado.
Que las medidas de emergencia adoptadas hasta la fecha han incidido en los servicios públicos vinculados al abastecimiento de gas natural y de energía eléctrica cuyos segmentos han sido definidos como tales por las Leyes Nº 24.076 y Nº 24.065.
Que en el caso de la industria del gas natural deben distinguirse el conjunto de segmentos y servicios que la integran a los fines de determinar los distintos impactos producidos por la necesidad de satisfacer un razonable abastecimiento, con el objeto de definir y administrar los mecanismos que en cada caso resulta posible implementar.
Que atento al período de tiempo que requiere la decisión y ejecución de las inversiones en el sector, el PODER EJECUTIVO NACIONAL ha adoptado decisiones que evitaron posibles situaciones de insuficiencia de suministro, que pudieran haber condicionado no sólo las prestaciones actuales sino también el crecimiento en la demanda asociado al crecimiento de la economía.
Que entre otras de las decisiones adoptadas, se ha ampliado mediante los mecanismos instrumentados por el Decreto Nº 180 de fecha 13 de febrero de 2004 y la Ley Nº 26.095 la capacidad de transporte de gas natural de los sistemas norte y sur del país en las dimensiones requeridas por la demanda interna.
Que sin perjuicio de las acciones llevadas adelante por distintas áreas del PODER EJE CUTIVO NACIONAL tendientes a satisfacer la demanda y lograr optimizar la prestación del servicio de gas natural a los usuarios, resulta necesario establecer un marco para aquellas situaciones de posible insuficiencia de gas generadas por la falta de inversión suficiente en el sector de producción.
Que la suficiencia de gas que se pretende alcanzar es aquella que tiene su correlato en la capacidad de transporte ampliada, así como también en acompañar el aumento de la capacidad que se encuentra en curso de ejecución.
Que cabe destacar que constituye una obligación para el Estado Nacional asegurar el abastecimiento interno de gas natural, conforme los lineamientos previstos en la Ley Nº 17.319 y en la Ley Nº 24.076.
Que es de primordial interés del PODER EJECUTIVO NACIONAL garantizar una adecuada y continua prestación de los servicios públicos a los usuarios del país, así como también propender a la mejora en la calidad permitiendo acompañar de tal modo el crecimiento de la economía nacional.
Que en este sentido las políticas y acciones tendientes a asegurar el abastecimiento de gas natural al mercado interno constituyen herramientas indispensables para garantizar la prestación del servicio público comprometido.
Que al respecto el Estado Nacional, a través de ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (ENARSA), ha tomado una serie de medidas para complementar la inyección de gas natural necesaria para el normal abastecimiento a los usuarios.
Que dichas medidas se concretaron a través de la importación de gas natural realizada por ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (ENARSA).
Que conforme lo previsto por el artículo 7º de la Ley 17.319 corresponde al PODER EJECUTIVO NACIONAL establecer el régimen de importación de los hidrocarburos y sus derivados.
Que en virtud de las razones y fundamentos expuestos corresponde crear un Fondo Fiduciario para atender las importaciones de gas natural que sean requeridas para satisfacer las necesidades de dicho hidrocarburo, con el fin de garantizar la continuidad del crecimiento económico nacional y la prestación del servicio a todas aquellas industrias que lo demandan.
Que corresponderá al MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, reglamentar el alcance, la constitución y el funcionamiento del Fondo Fiduciario que por el presente decreto se crea.
Que el citado Fondo Fiduciario estará integrado por: (i) cargos tarifarios a pagar por los usuarios de los servicios regulados de transporte y/o distribución, por los sujetos consumidores de gas que reciben directamente el gas de los productores sin hacer uso de los sistemas de transporte o distribución de gas natural y por las empresas que procesen gas natural; (ii) los recursos que se obtengan en el marco de programas especiales de crédito que se puedan acordar con los organismos o instituciones pertinentes, nacionales o internacionales; y (iii) a través de otros sistemas de aportes específicos, a realizar por los sujetos activos del sector.
Que corresponde que los cargos para integrar el Fondo Fiduciario, en virtud de la finalidad de los mismos, no constituyan base imponible de ningún tributo de origen nacional con excepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Que corresponde al interés general la adopción de políticas eficaces tendientes a asegurar el abastecimiento interno de gas natural, corrigiendo las consecuencias generadas a raíz de la emergencia económica declarada por la Ley 25.561, y con el fin último de viabilizar la continuidad del crecimiento económico del país.
Que en atención a ello, el PODER EJECUTIVO NACIONAL ha creado, a través de la Resolución Nº 24 de fecha 6 de marzo de 2008 de la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, un programa de incentivos a la producción de gas natural denominado “GAS PLUS”, dirigido a fomentar las inversiones necesarias para incrementar la producción gasífera del sector privado, en exploración y desarrollo de nuevos prospectos gasíferos.
Que en este sentido los cargos que integren el Fondo Fiduciario estarán supeditados en su vigencia e incidencia a los resultados que se registren en los proyectos de incentivos denominados “GAS PLUS”, los que con su producido generarán un aumento de la producción de gas natural, como así también de los niveles de reserva; disminuyendo en contrapartida las importaciones de gas natural.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por las Leyes Nº 17.319, Nº 24.076 y Nº 25.561 y sus modificatorias, y el Artículo 99 Incisos 1) y 2) de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º — Créase el Fondo Fiduciario para atender las importaciones de gas natural y toda aquella necesaria para complementar la inyección de gas natural que sean requeridas para satisfacer las necesidades nacionales de dicho hidrocarburo, con el fin de garantizar el abastecimiento interno y la continuidad del crecimiento del país y sus industrias.
Art. 2º — El Fondo Fiduciario estará integrado por los siguientes recursos: (i) cargos tarifarios a pagar por los usuarios de los servicios regulados de transporte y/o distribución, por los sujetos consumidores de gas que reciben directamente el gas de los productores sin hacer uso de los sistemas de transporte o distribución de gas natural y por las empresas que procesen gas natural; (ii) los recursos que se obtengan en el marco de programas especiales de crédito que se acuerden con los organismos o instituciones pertinentes, nacionales e internacionales; y (iii) a través de sistemas de aportes específicos, a realizar por los sujetos activos del sector.
Los cargos referidos no constituirán ni se computarán como base imponible de ningún tributo de origen nacional, con excepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Art. 3º — El MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS reglamentará el alcance, la constitución y el funcionamiento del Fondo Fiduciario creado en el artículo 1º.
Art. 4º — Las importaciones de gas natural a realizarse al amparo del régimen creado por el presente, serán definidas en forma previa por el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.
Art. 5º — En el acto de constitución del Fondo Fiduciario, el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS podrá suscribir los acuerdos y/o convenios que estime pertinentes con entidades públicas y/o privadas, teniendo en cuenta para ello el objeto de creación del Fondo, tendiendo a lograr procedimientos de operatoria ágiles, simples, transparentes y de máxima eficiencia en el funcionamiento del mismo.
Art. 6º — Facúltase al MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, con la asistencia técnica de la SECRETARIA DE ENERGIA bajo su dependencia y del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), a fijar el valor de los cargos y a ajustarlos, en la medida que resulte necesario, a fin de atender el pago y/o repago de las importaciones de gas natural.
Art. 7º — El MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS podrá exceptuar a las categorías de usuarios que determine del pago de los cargos para el pago y/o repago de las importaciones de gas natural.
Art. 8º — El MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, en el marco de su competencia, podrá autorizar a la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA de esa Jurisdicción a efectuar controles permanentes sobre los fondos recaudados por los cargos, así como sobre su imputación y aplicación, compatibilizándola con lo prescrito en la Ley 24.156 y sus normas complementarias. En igual sentido podrá requerirse la colaboración de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, sin perjuicio de las facultades que le son propias de conformidad a la Ley citada.
Art. 9º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Sergio T. Massa. — Julio M. De Vido.
VISTO el Expediente Nº S01:0498535/2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y lo establecido en las Leyes Nros. 25.561 sus modificatorias y complementarias, 17.319, 24.076, sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º de la Ley Nº 25.561 se delegaron facultades al PODER EJECUTIVO NACIONAL a los efectos de proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios; de reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales; de crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública y de reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido.
Que el Artículo 9º de la Ley Nº 25.561 autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar los contratos de obras y servicios públicos, aclarando que en el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.
Que posteriormente el PODER EJECUTIVO NACIONAL actuando dentro del marco de la emergencia pública declarada por la Ley Nº 25.561, dictó diversos actos por los que se establecieron medidas tendientes a reestructurar un conjunto heterogéneo de relaciones de intercambio de la economía doméstica regidas por el derecho público y por el derecho privado.
Que las medidas de emergencia adoptadas hasta la fecha han incidido en los servicios públicos vinculados al abastecimiento de gas natural y de energía eléctrica cuyos segmentos han sido definidos como tales por las Leyes Nº 24.076 y Nº 24.065.
Que en el caso de la industria del gas natural deben distinguirse el conjunto de segmentos y servicios que la integran a los fines de determinar los distintos impactos producidos por la necesidad de satisfacer un razonable abastecimiento, con el objeto de definir y administrar los mecanismos que en cada caso resulta posible implementar.
Que atento al período de tiempo que requiere la decisión y ejecución de las inversiones en el sector, el PODER EJECUTIVO NACIONAL ha adoptado decisiones que evitaron posibles situaciones de insuficiencia de suministro, que pudieran haber condicionado no sólo las prestaciones actuales sino también el crecimiento en la demanda asociado al crecimiento de la economía.
Que entre otras de las decisiones adoptadas, se ha ampliado mediante los mecanismos instrumentados por el Decreto Nº 180 de fecha 13 de febrero de 2004 y la Ley Nº 26.095 la capacidad de transporte de gas natural de los sistemas norte y sur del país en las dimensiones requeridas por la demanda interna.
Que sin perjuicio de las acciones llevadas adelante por distintas áreas del PODER EJE CUTIVO NACIONAL tendientes a satisfacer la demanda y lograr optimizar la prestación del servicio de gas natural a los usuarios, resulta necesario establecer un marco para aquellas situaciones de posible insuficiencia de gas generadas por la falta de inversión suficiente en el sector de producción.
Que la suficiencia de gas que se pretende alcanzar es aquella que tiene su correlato en la capacidad de transporte ampliada, así como también en acompañar el aumento de la capacidad que se encuentra en curso de ejecución.
Que cabe destacar que constituye una obligación para el Estado Nacional asegurar el abastecimiento interno de gas natural, conforme los lineamientos previstos en la Ley Nº 17.319 y en la Ley Nº 24.076.
Que es de primordial interés del PODER EJECUTIVO NACIONAL garantizar una adecuada y continua prestación de los servicios públicos a los usuarios del país, así como también propender a la mejora en la calidad permitiendo acompañar de tal modo el crecimiento de la economía nacional.
Que en este sentido las políticas y acciones tendientes a asegurar el abastecimiento de gas natural al mercado interno constituyen herramientas indispensables para garantizar la prestación del servicio público comprometido.
Que al respecto el Estado Nacional, a través de ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (ENARSA), ha tomado una serie de medidas para complementar la inyección de gas natural necesaria para el normal abastecimiento a los usuarios.
Que dichas medidas se concretaron a través de la importación de gas natural realizada por ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (ENARSA).
Que conforme lo previsto por el artículo 7º de la Ley 17.319 corresponde al PODER EJECUTIVO NACIONAL establecer el régimen de importación de los hidrocarburos y sus derivados.
Que en virtud de las razones y fundamentos expuestos corresponde crear un Fondo Fiduciario para atender las importaciones de gas natural que sean requeridas para satisfacer las necesidades de dicho hidrocarburo, con el fin de garantizar la continuidad del crecimiento económico nacional y la prestación del servicio a todas aquellas industrias que lo demandan.
Que corresponderá al MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, reglamentar el alcance, la constitución y el funcionamiento del Fondo Fiduciario que por el presente decreto se crea.
Que el citado Fondo Fiduciario estará integrado por: (i) cargos tarifarios a pagar por los usuarios de los servicios regulados de transporte y/o distribución, por los sujetos consumidores de gas que reciben directamente el gas de los productores sin hacer uso de los sistemas de transporte o distribución de gas natural y por las empresas que procesen gas natural; (ii) los recursos que se obtengan en el marco de programas especiales de crédito que se puedan acordar con los organismos o instituciones pertinentes, nacionales o internacionales; y (iii) a través de otros sistemas de aportes específicos, a realizar por los sujetos activos del sector.
Que corresponde que los cargos para integrar el Fondo Fiduciario, en virtud de la finalidad de los mismos, no constituyan base imponible de ningún tributo de origen nacional con excepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Que corresponde al interés general la adopción de políticas eficaces tendientes a asegurar el abastecimiento interno de gas natural, corrigiendo las consecuencias generadas a raíz de la emergencia económica declarada por la Ley 25.561, y con el fin último de viabilizar la continuidad del crecimiento económico del país.
Que en atención a ello, el PODER EJECUTIVO NACIONAL ha creado, a través de la Resolución Nº 24 de fecha 6 de marzo de 2008 de la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, un programa de incentivos a la producción de gas natural denominado “GAS PLUS”, dirigido a fomentar las inversiones necesarias para incrementar la producción gasífera del sector privado, en exploración y desarrollo de nuevos prospectos gasíferos.
Que en este sentido los cargos que integren el Fondo Fiduciario estarán supeditados en su vigencia e incidencia a los resultados que se registren en los proyectos de incentivos denominados “GAS PLUS”, los que con su producido generarán un aumento de la producción de gas natural, como así también de los niveles de reserva; disminuyendo en contrapartida las importaciones de gas natural.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por las Leyes Nº 17.319, Nº 24.076 y Nº 25.561 y sus modificatorias, y el Artículo 99 Incisos 1) y 2) de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º — Créase el Fondo Fiduciario para atender las importaciones de gas natural y toda aquella necesaria para complementar la inyección de gas natural que sean requeridas para satisfacer las necesidades nacionales de dicho hidrocarburo, con el fin de garantizar el abastecimiento interno y la continuidad del crecimiento del país y sus industrias.
Art. 2º — El Fondo Fiduciario estará integrado por los siguientes recursos: (i) cargos tarifarios a pagar por los usuarios de los servicios regulados de transporte y/o distribución, por los sujetos consumidores de gas que reciben directamente el gas de los productores sin hacer uso de los sistemas de transporte o distribución de gas natural y por las empresas que procesen gas natural; (ii) los recursos que se obtengan en el marco de programas especiales de crédito que se acuerden con los organismos o instituciones pertinentes, nacionales e internacionales; y (iii) a través de sistemas de aportes específicos, a realizar por los sujetos activos del sector.
Los cargos referidos no constituirán ni se computarán como base imponible de ningún tributo de origen nacional, con excepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Art. 3º — El MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS reglamentará el alcance, la constitución y el funcionamiento del Fondo Fiduciario creado en el artículo 1º.
Art. 4º — Las importaciones de gas natural a realizarse al amparo del régimen creado por el presente, serán definidas en forma previa por el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.
Art. 5º — En el acto de constitución del Fondo Fiduciario, el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS podrá suscribir los acuerdos y/o convenios que estime pertinentes con entidades públicas y/o privadas, teniendo en cuenta para ello el objeto de creación del Fondo, tendiendo a lograr procedimientos de operatoria ágiles, simples, transparentes y de máxima eficiencia en el funcionamiento del mismo.
Art. 6º — Facúltase al MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, con la asistencia técnica de la SECRETARIA DE ENERGIA bajo su dependencia y del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), a fijar el valor de los cargos y a ajustarlos, en la medida que resulte necesario, a fin de atender el pago y/o repago de las importaciones de gas natural.
Art. 7º — El MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS podrá exceptuar a las categorías de usuarios que determine del pago de los cargos para el pago y/o repago de las importaciones de gas natural.
Art. 8º — El MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, en el marco de su competencia, podrá autorizar a la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA de esa Jurisdicción a efectuar controles permanentes sobre los fondos recaudados por los cargos, así como sobre su imputación y aplicación, compatibilizándola con lo prescrito en la Ley 24.156 y sus normas complementarias. En igual sentido podrá requerirse la colaboración de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, sin perjuicio de las facultades que le son propias de conformidad a la Ley citada.
Art. 9º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Sergio T. Massa. — Julio M. De Vido.
Bariloche retrocede en acciones contra aumento del gas
Bariloche (ADN).- La Defensoría del Pueblo de Bariloche y el Concejo Municipal retrocedieron en la decisión de impulsar una medida de no innovar en el aumento de la tarifa del gas ante la Justicia Federal que anunciaron la semana pasada. El deliberante remite una resolución pidiendo al gobernador que actúe y el defensor dice que deja todo en manos de Piccinini.
Luego de conocido el fallo de la Justicia Federal de General Roca que frena el aumento del gas en diversas regiones de Río Negro pero no comprende a Bariloche, los organismos locales que anunciaron gestiones al respecto cambiaron la estrategia.
La Defensoría del Pueblo local informó a través de un comunicado que “pone a disposición de la Dra Piccinini la documentación necesaria para que pueda realizar las presentaciones correspondientes ante el Juzgado Federal de Bariloche”.
El organismo barilochense señala que “consideramos que nuestra intervención en la Justicia Federal podría resultar inocua y hasta entorpecedora” y destaca el fallo de General Roca ante la presentación de la defensora provincial, Ana Piccinini por el que se exime de pagar el cargo decreto 2067/08 a los usuarios de Camuzzi y se le prohíbe a la empresa realizar cortes en el servicio por falta de pago.
Tanto la Defensoría de Bariloche como el Concejo habían anunciado el viernes una medida en conjunto para solicitar la no innovación del incremento en las facturas del gas.
Por su parte, el Concejo Municipal también retrocedió en esa decisión y emitió hoy la resolución Nº 185 por la que solicita al gobernador Miguel Saiz “su urgente intervención similar a las realizadas por otras provincias, a fin de establecer una medida cautelar para excluir el pago del cargo decreto 2067/08, ante la suba de tarifas del gas natural en nuestra ciudad”. (ADN)
http://www.adnrionegro.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=19154&Itemid=1
Luego de conocido el fallo de la Justicia Federal de General Roca que frena el aumento del gas en diversas regiones de Río Negro pero no comprende a Bariloche, los organismos locales que anunciaron gestiones al respecto cambiaron la estrategia.
La Defensoría del Pueblo local informó a través de un comunicado que “pone a disposición de la Dra Piccinini la documentación necesaria para que pueda realizar las presentaciones correspondientes ante el Juzgado Federal de Bariloche”.
El organismo barilochense señala que “consideramos que nuestra intervención en la Justicia Federal podría resultar inocua y hasta entorpecedora” y destaca el fallo de General Roca ante la presentación de la defensora provincial, Ana Piccinini por el que se exime de pagar el cargo decreto 2067/08 a los usuarios de Camuzzi y se le prohíbe a la empresa realizar cortes en el servicio por falta de pago.
Tanto la Defensoría de Bariloche como el Concejo habían anunciado el viernes una medida en conjunto para solicitar la no innovación del incremento en las facturas del gas.
Por su parte, el Concejo Municipal también retrocedió en esa decisión y emitió hoy la resolución Nº 185 por la que solicita al gobernador Miguel Saiz “su urgente intervención similar a las realizadas por otras provincias, a fin de establecer una medida cautelar para excluir el pago del cargo decreto 2067/08, ante la suba de tarifas del gas natural en nuestra ciudad”. (ADN)
http://www.adnrionegro.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=19154&Itemid=1
Caso Skanska: un imputado apunta a un funcionario del gobierno
19/07/2009 : 02:54 : Por primera vez habló Adrían López, el apoderado de Infiniti, la firma que entregó facturas por más de 800 mil pesos a la empresa sueca Skanska, encargada de las obras en Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS). López apuntó contra un funcionario del Ministerio de Planificación.
En una entrevista exclusiva con Online-911, López señaló que se reunió con un funcionario del Ministerio de Planificación, de quien se reservó el nombre. "Hablamos de cifras, de montos, de las empresas que ellos estaban necesitando para hacer todo este enjuague", afirmó.
López agregó que la reunión se realizó sólo una vez y que el no aceptó hacer de intermediario para juntar otras empresas que quisieran facturar a Skanska. "No era mi trabajo", afirmó.
Durante la entrevista (ver informes especiales), López dijo que el contador Alfredo Grecco le había señalado que detrás de la maniobra estaba Néstor Ulloa, el ex titular del Fideicomiso Banco Nación encaragada de administrar los fondos para las obras de TGN y TGS.
"El negocio me lo ofrece un contador, llamado Alfredo Grecco, que tenía relaciones con Ulloa que era quien administraba los fondos de los emprendimientos TGS y TGN", afirmó en la entrevista.
Agregó que Grecco "estaba necesitando una empresa que trabajara de consultora en la obra, en el emprendimiento". López confirmó que ese dinero iba "para gente del gobierno. Me consta totalmente dependía del Ministerio de Planificación e Infraestrcutura".
En ese entonces el gobierno rechazó las acusaciones y dijo que el caso era una "corrupción entre privados".
El emprendimiento fue encabezado por el grupo Techint y Skanska y según el gobierno sólo tenía la responsabilidad de verificar que las obras se ejecutaran sin tener ingerencia en los precios.
La causa por el supuesto sobreprecio en las obras a TGN y TGS comenzó a través de una denuncia de la AFIP sobre una factura de dos millones y medio de pesos en concepto de publicidad de la empresa OCA al programa Los Roldán que se emitía en Canal 13 por Ideas de Sur.
López es investigado en el juzgado de Javier López Biscayart por la evasión tributaria, en tanto que espera fecha para juicio oral por la parte del Tribunal N2 del fuero Penal Económico donde esta acusado de "asociación ilícita". Además declaró y es investigado por los supuestos sobreprecios en el juzgado federal N°7 a cargo de Norberto Oyarbide.
http://www.online-911.com/leer.php?s=1&id=1549&t=Caso-Skanska:-un-imputado-apunta-a-un-funcionario-del-gobierno
En una entrevista exclusiva con Online-911, López señaló que se reunió con un funcionario del Ministerio de Planificación, de quien se reservó el nombre. "Hablamos de cifras, de montos, de las empresas que ellos estaban necesitando para hacer todo este enjuague", afirmó.
López agregó que la reunión se realizó sólo una vez y que el no aceptó hacer de intermediario para juntar otras empresas que quisieran facturar a Skanska. "No era mi trabajo", afirmó.
Durante la entrevista (ver informes especiales), López dijo que el contador Alfredo Grecco le había señalado que detrás de la maniobra estaba Néstor Ulloa, el ex titular del Fideicomiso Banco Nación encaragada de administrar los fondos para las obras de TGN y TGS.
"El negocio me lo ofrece un contador, llamado Alfredo Grecco, que tenía relaciones con Ulloa que era quien administraba los fondos de los emprendimientos TGS y TGN", afirmó en la entrevista.
Agregó que Grecco "estaba necesitando una empresa que trabajara de consultora en la obra, en el emprendimiento". López confirmó que ese dinero iba "para gente del gobierno. Me consta totalmente dependía del Ministerio de Planificación e Infraestrcutura".
En ese entonces el gobierno rechazó las acusaciones y dijo que el caso era una "corrupción entre privados".
El emprendimiento fue encabezado por el grupo Techint y Skanska y según el gobierno sólo tenía la responsabilidad de verificar que las obras se ejecutaran sin tener ingerencia en los precios.
La causa por el supuesto sobreprecio en las obras a TGN y TGS comenzó a través de una denuncia de la AFIP sobre una factura de dos millones y medio de pesos en concepto de publicidad de la empresa OCA al programa Los Roldán que se emitía en Canal 13 por Ideas de Sur.
López es investigado en el juzgado de Javier López Biscayart por la evasión tributaria, en tanto que espera fecha para juicio oral por la parte del Tribunal N2 del fuero Penal Económico donde esta acusado de "asociación ilícita". Además declaró y es investigado por los supuestos sobreprecios en el juzgado federal N°7 a cargo de Norberto Oyarbide.
http://www.online-911.com/leer.php?s=1&id=1549&t=Caso-Skanska:-un-imputado-apunta-a-un-funcionario-del-gobierno
19 julio 2009
17 julio 2009
El Gobierno interviene en la interna de la CGT
Con la notoria ausencia de los representantes de los grandes gremios enrolados en "los Gordos" y los "independientes", el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, mantuvo la ofensiva sindical y reunió a su consejo directivo, después de la convocatoria que recibió del Gobierno para integrar la semana próxima el Consejo Económico y Social.
La fecha que circuló ayer en la CGT como primer encuentro de ese órgano es el martes próximo.
Sin embargo, supo LA NACION de fuentes inobjetables que, a pesar de las preferencias oficiales hacia Moyano, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se contactó con el lucifuercista Oscar Lescano y hará lo propio con Armando Cavalieri (Comercio), dos de "los Gordos" enfrentados con el camionero, para que participen de las reuniones del Consejo. La idea es que estén junto con los empresarios en las áreas de energía y comercio, respectivamente, sin mezclarlos con la representación de la CGT con la que aquéllos están enfrentados.
La idea de la Casa Rosada es "no desahuciar" a los gremios más poderosos, a pesar de que las diferencias internas con Moyano por ahora son "insalvables". Pero también "Gordos" e "independientes" están enojados con el Gobierno porque sostuvieron a Hugo Sola (un hombre del moyanista Jorge Viviani) como gerente de la APE, el organismo que distribuye los fondos de obras sociales a las prestaciones especiales.
El moyanismo recibió ayer al director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y coincidieron en que se modifique la ley del monotributo y se actualicen los aportes que hacen éstos a las obras sociales. "El tema lo venimos negociando desde hace cinco meses", aseguró Viviani (peones de taxis) a LA NACION.
La CGT quiere que se eliminen las categorías respecto del titular y los familiares a cargo y a cada uno se les descuenten 70 pesos de mínima (la actual es de 46,75 pesos y 39 pesos para cada integrante del grupo familiar).
Se informó que el 27 próximo se reunirá el Consejo del Salario Mínimo y que la CGT pretende llevar el actual monto de 1240 a 1500 pesos.
A pesar del escenario de fractura que hubo ayer en la CGT, Moyano minimizó las ausencias y decidió reimpulsar el proyecto gremial de ley de ART (riesgos de trabajo), para que los damnificados accedan a la "doble vía", o sea, recurrir a la Justicia si consideran que la indemnización empresarial no fue la adecuada.
Pero, sabiendo que el tema iba a ser analizado, el impulsor de la norma y rival de Moyano, Gerardo Martínez (Uocra), envió a su colaboradora legal Marta Pujadas. Los rebeldes con la conducción de Moyano son también Carlos West Ocampo (Sanidad), Armando Cavalieri (Comercio), José Pedraza (Unión Ferroviaria), Oscar Lescano (Luz y Fuerza), Andrés Rodríguez (UPCN) y Carlos Sueiro (Aduanas).
Sin embargo, además de los miembros del MTA (Viviani, Juan Carlos Schmid, Julio Piumato, Omar Plaini), y de los aliados del camionero, Mario Manrique (Smata) y Omar Maturano (La Fraternidad), estuvieron en la CGT Roberto Fernández (UTA), que días atrás se reunió con los rebeldes, y el jefe metalúrgico Antonio Caló. La CGT apoyó el paro de la UOM previsto para el jueves próximo.
La fecha que circuló ayer en la CGT como primer encuentro de ese órgano es el martes próximo.
Sin embargo, supo LA NACION de fuentes inobjetables que, a pesar de las preferencias oficiales hacia Moyano, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se contactó con el lucifuercista Oscar Lescano y hará lo propio con Armando Cavalieri (Comercio), dos de "los Gordos" enfrentados con el camionero, para que participen de las reuniones del Consejo. La idea es que estén junto con los empresarios en las áreas de energía y comercio, respectivamente, sin mezclarlos con la representación de la CGT con la que aquéllos están enfrentados.
La idea de la Casa Rosada es "no desahuciar" a los gremios más poderosos, a pesar de que las diferencias internas con Moyano por ahora son "insalvables". Pero también "Gordos" e "independientes" están enojados con el Gobierno porque sostuvieron a Hugo Sola (un hombre del moyanista Jorge Viviani) como gerente de la APE, el organismo que distribuye los fondos de obras sociales a las prestaciones especiales.
El moyanismo recibió ayer al director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y coincidieron en que se modifique la ley del monotributo y se actualicen los aportes que hacen éstos a las obras sociales. "El tema lo venimos negociando desde hace cinco meses", aseguró Viviani (peones de taxis) a LA NACION.
La CGT quiere que se eliminen las categorías respecto del titular y los familiares a cargo y a cada uno se les descuenten 70 pesos de mínima (la actual es de 46,75 pesos y 39 pesos para cada integrante del grupo familiar).
Se informó que el 27 próximo se reunirá el Consejo del Salario Mínimo y que la CGT pretende llevar el actual monto de 1240 a 1500 pesos.
A pesar del escenario de fractura que hubo ayer en la CGT, Moyano minimizó las ausencias y decidió reimpulsar el proyecto gremial de ley de ART (riesgos de trabajo), para que los damnificados accedan a la "doble vía", o sea, recurrir a la Justicia si consideran que la indemnización empresarial no fue la adecuada.
Pero, sabiendo que el tema iba a ser analizado, el impulsor de la norma y rival de Moyano, Gerardo Martínez (Uocra), envió a su colaboradora legal Marta Pujadas. Los rebeldes con la conducción de Moyano son también Carlos West Ocampo (Sanidad), Armando Cavalieri (Comercio), José Pedraza (Unión Ferroviaria), Oscar Lescano (Luz y Fuerza), Andrés Rodríguez (UPCN) y Carlos Sueiro (Aduanas).
Sin embargo, además de los miembros del MTA (Viviani, Juan Carlos Schmid, Julio Piumato, Omar Plaini), y de los aliados del camionero, Mario Manrique (Smata) y Omar Maturano (La Fraternidad), estuvieron en la CGT Roberto Fernández (UTA), que días atrás se reunió con los rebeldes, y el jefe metalúrgico Antonio Caló. La CGT apoyó el paro de la UOM previsto para el jueves próximo.
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1151440
Un juez federal frenó el tarifazo de gas
La justicia federal marplatense dictó una medida cautelar por la cual impide a una empresa proveedora del servicio de gas natural que se le cobre el aumento tarifario a una usuaria.
El titular del Juzgado Federal Nº 2, Eduardo Giménez,intimó a la empresa prestadora del servicio, Camuzzi Gas Pampeana, a que se abstenga de facturar a la usuaria los cargos estipulados en la refacturación correspondientes al decreto de 2008.
Según dijo el abogado Mariano Romero, uno de los letrados que presentó la acción de amparo, "mientras se resuelve la cuestión de fondo" el juez dispuso que "se impida" a la empresa le cobre el aumento en la tarifa.
Romero detalló que la mujer, quien no fue identificada, había sido recategorizada como una usuaria R3 y R4, de acuerdo por la disposición del ENARGAS y del Ministerio de Planificación de la Nación.
"Se trata de un decreto del año 2008, por el que además de pagar el consumo propio, el usuario tiene que pagar un recargo adicional de 0,27 pesos por cada metro cúbico más IVA", precisó y señaló que tal suba "hace que las facturas se vean incrementadas entre 1,5 y 3 veces más de lo normal, entonces una factura de 70 pesos puede llegar a los 300 pesos".
El titular del Juzgado Federal Nº 2, Eduardo Giménez,intimó a la empresa prestadora del servicio, Camuzzi Gas Pampeana, a que se abstenga de facturar a la usuaria los cargos estipulados en la refacturación correspondientes al decreto de 2008.
Según dijo el abogado Mariano Romero, uno de los letrados que presentó la acción de amparo, "mientras se resuelve la cuestión de fondo" el juez dispuso que "se impida" a la empresa le cobre el aumento en la tarifa.
Romero detalló que la mujer, quien no fue identificada, había sido recategorizada como una usuaria R3 y R4, de acuerdo por la disposición del ENARGAS y del Ministerio de Planificación de la Nación.
"Se trata de un decreto del año 2008, por el que además de pagar el consumo propio, el usuario tiene que pagar un recargo adicional de 0,27 pesos por cada metro cúbico más IVA", precisó y señaló que tal suba "hace que las facturas se vean incrementadas entre 1,5 y 3 veces más de lo normal, entonces una factura de 70 pesos puede llegar a los 300 pesos".
http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=26571
16 julio 2009
Un extraño en el directorio
Hay invitados que saben cuándo es hora de irse. Hay otros que se auto-invitan a cenar un viernes, y se quedan hasta la medianoche del sábado. Hay quienes simplemente llegan, saludan y se van. Y están los que tiran la puerta abajo, maniatan a los durmientes y se llevan hasta las migas de las alacenas.
¿Qué rol está jugando el Estado con sus participaciones minoritarias en las empresas, “heredadas” con la estatización de las AFJP?
Una rápida recorrida por los informes disponibles en el sitio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) indica que, hasta el momento, los representantes estatales se han limitado a abstenerse en las asambleas de accionistas en las que se aprobaron estados contables (pues asumieron sus cargos con el ejercicio ya avanzado) y a oponerse a la distribución de dividendos.
Desde el punto de vista de los comportamientos dentro de esas empresas, cosas que antes se discutían a voz en cuello ahora se piensan dos veces para luego callarlas, confió un abogado empapado en el tema, toda vez que “se está durmiendo con el enemigo”. La falta de affectio societatis explica, entre otras razones, este comportamiento. Sobre escenarios legales, las diferencias de opiniones entre los abogados existen. Mientras algunos deslizan que se podría licuar la tenencia estatal aumentando el capital y que hay que tapar de trabajo a estos directores “para que se vayan”, otros se relajan y recuerdan que antes de que las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones adquirieran las acciones de las empresas que hoy tienen participación estatal minoritaria, el Estado ya estaba allí.
“No es una situación novedosa para TGN, TGS o las eléctricas”, dicen. Corrían los años "90 y si bien entonces el Estado era el mismísimo que es ahora, los gobiernos pendularon de lo lindo entre el ayer y el hoy.
El juego del sillón
El flamante ministro de Economía, Amado Boudou, en su antiguo rol de titular de la Anses había dicho que el Estado no iba a participar en la gestión empresaria, aun teniendo acciones, y que se limitaría a realizar los controles tradicionales previstos por las leyes.
Al tiempo, sin embargo, llegó el cambio de criterio y se intentaron hacer valer ciertos derechos a través del voto acumulativo (ver recuadro), haciendo a un lado el artículo octavo de la ley que creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
“En muchas empresas, sobre todo de servicios públicos, antes de tener una situación conflictiva prefirieron acordar con la Anses y con el Ministerio de Planificación la incorporación de directores propiciados por el Estado”, deslizó un abogado de un importante estudio, que se mantuvo en off the record.
El procedimiento de esta “negociación” se habría repetido en más de una empresa. En las asambleas de accionistas que se realizaron entre abril y mayo, el Estado comunicó su intención de ejercer el voto acumulativo, ante lo cual los accionistas mayoritarios “neutralizaron” el avance proponiendo su lista de directores, entre los que estaban los que tenían la simpatía gubernamental.
Acto seguido, se votaba y esa lista quedaba confirmada por mayoría. En contrapartida, el Estado desistía de su amague.
Ezequiel Cassagne, socio de Cassagne Abogados, recordó que en Siderar la Anses quiso imponerse con el voto acumulativo y colocar a tres directores. El freno, dijo el administrativista, se dio porque la ley que creó el sistema de AFJP establecía que en ningún caso las inversiones realizadas en una sociedad nacional o extranjera habilitarán para ejercer más del 5% del derecho de voto, en toda clase de asamblea, cualquiera sea la tenencia respectiva, limitación que se mantiene en la ley de creación del SIPA.
“Si se mantiene vigente la limitación del 5%, no veo que haya mayores problemas”, opinó. “Es cierto que el hecho de que el Estado tenga acciones de la compañía lo habilita a tener toda la información desde adentro, pero al ser empresas que cotizan, responden ante la Comisión Nacional de Valores, son abiertas y esa información es pública”, relativizó.
El punto, justamente, es qué pasaría si se intentara derogar ese límite del 5%, con un Estado que, en algunos casos, tiene más del 25% de las acciones.
Cassagne habló de inconstitucionalidad, y aventuró que sólo podría regir a futuro. En cambio, para el societarista Marcelo Saleme Murad, “no sería extraño que se mandase al Congreso un proyecto conteniendo la derogación de los artículos que limitan esas facultades”.
Hipótesis de lado, otra de las cuestiones que se plantean en el escenario actual es a quién responden los directores. En teoría, en su obrar deberían velar por los intereses de la empresa, dijo uno de los abogados que se mantuvo en el anonimato. Pero para los que le pusieron nombre y apellido a sus comentarios, la situación práctica es otra.
“Los directores responden al Estado. El director nombrado por la Anses responde a los intereses de la Anses”, retrucó, por caso, Cassagne.
En idéntica línea, Saleme Murad recalcó que “el Estado tiene intereses muy distintos a los de los accionistas privados, por lo que es esperable que tarde o temprano colisionen”.
Con ellos coincidió Guillermo Cabanellas, referente en temas societarios y socio del estudio Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell"Oro Maini, para quien en los casos de conflictos de intereses habrá que recurrir a los mecanismos legales para tratarlos.
Al respecto, las incompatibilidades surgirían si, por ejemplo, se diera el supuesto previsto en el artículo 264 de la Ley de Sociedades, que establece que no pueden ser directores los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad, hasta dos años después del cese de sus funciones.
De acuerdo con la Ley de Sociedades, los directores tienen que velar por los intereses de la propia sociedad, no de los accionistas, y si así no lo hicieren se les puede iniciar acciones por daños y pedir su remoción. Por lo pronto, hasta hoy no se han dado casos que ameriten ese tipo de reacción.
Otra inquietud latente es si los “directores K” pueden ser considerados funcionarios. “Pueden o no. Depende del alcance de sus competencias, establecidas por una norma”, dijo Cassagne y corroboró Cabanellas.
Ahí volvió a aparecer el nombre del primer ministro Amado de la Argentina -en mucho tiempo-, y su presencia como director en el Banco Hipotecario. En efecto, el 6 de julio la CNV agregó la nota por la cual Boudou, con fecha 27 de mayo, aún en la Anses, ratificó su carácter de director independiente.
En este punto, y según una de las fuentes consultadas, entre los directores designados por el Estado los hay ex funcionarios, pero también asesores contratados que trabajan hoy en dependencias públicas.
Preguntados sobre “formas para deshacerse del Estado accionista”, las variantes de licuación fueron mencionadas, pero inmediatamente se planteó la posibilidad del “quiero retruco” que podría hacer la administración pública desembolsando nuevos fondos.
La Ley de Sociedades tiene numerosas acciones para evitar la licuación, aunque requiere que el accionista se defienda, recordó Cabanellas. Por lo pronto, y en principio, nadie puede ser obligado a vender sus acciones.
Desde la vereda contraria y teóricamente, el Estado bien podría intentar acumular más acciones. La pregunta, claro, es ¿para qué? “Hay un problema central de nuestra sociedad, de no saber qué economía quiere. Que el Estado tenga el control de las acciones es algo, en principio, reñido con una economía capitalista, siendo que nuestra Constitución está basada en una economía de mercado”, reflexionó Cabanellas.
Así las cosas, el ingreso no previsto de representantes del Estado en sociedades de origen privado alteró las reglas de convivencia interna, generando a veces situaciones casi paradójicas, redondeó Sebastián Forino, socio de EFVA Abogados.
“Muchas de las participaciones societarias que ha ‘heredado’ el Estado Nacional pertenecen a sociedades que participan en mercados regulados en donde, a su vez, el Estado es el propio regulador. Es decir que hay que convivir e intercambiar información confidencial con el propio regulador”, ejemplificó.
Además, hizo notar que “en virtud de la multiplicidad y atomización de las participaciones societarias heredadas por el Estado Nacional, se podría dar la situación de tener que convivir e intercambiar información confidencial incluso con el competidor”.
Bajo la lupa de los síndicos
Yendo un poco más allá de la tenencia accionaria y de la designación de directores, la incorporación del Estado al paquete accionario de numerosas empresas dejó abierta la discusión sobre el alcance de los controles que aquél puede ejercer.
En lo que refiere al control desde la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Cassagne distinguió en la práctica a las empresas “de o vinculadas con” servicios públicos y a las otras, pues para las primeras ya existe una autoridad de aplicación, un ente regulador y un vínculo de control, por ser un ámbito regulado.
“En su momento se intentó ver los posibles controles y fiscalizaciones que podría tener el Estado y se habló de la participación de la Sigen”, recordó, aunque inmediatamente dijo que aquella se limita a las empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria.
Para llegar a tal conclusión, el especialista armonizó los artículos de la ley 24.156, de Administración Financiera y Sistemas de Control, que fijan los límites para la competencia de la Sindicatura.
“Acá se aplica la Ley de Sociedades, que establece que los síndicos se eligen por mayoría. Siendo así, en principio la Anses no podría designar síndicos (porque no tiene mayoría), y la Sigen no tendría competencia pues no se trata de empresas con capital estatal mayoritario", ahondó.
Sin embargo, el Estado no parece compartir su criterio. Por lo pronto, la Anses intenta hacer valer sus derechos a través de la Ley de Sociedades nombrando aunque más no sea un síndico minoritario en sindicaturas colegiadas.
Por otra parte, “según la ley 24.156, no sólo podemos sino que también debemos nombrar auditores nuestros en todas las empresas donde haya participación accionaria pública, incluyendo a las heredadas por la estatización del sistema previsional”, dijo un funcionario de la Sigen a El Cronista, conforme se publicó días atrás. (ver nota: http://www.cronista.com/notas/190799-la-sigen-otra-avanzada-estatal-empresas-donde-anses-tiene-acciones-).
En el sitio web de la Sindicatura ya se listan las entidades sobre las cuales el organismo puede ejercer su control. Entre ellas aparecen las “Empresas con Participación Estatal Minoritaria”, incluyendo, entre otras firmas, a Consultatio (26,62%), Distribuidora Gas Cuyana (26,12%), Edenor (26,4%), Gas Natural Ban (26,63%), Transportadora de Gas del Sur (23,1%), Pampa Energía (19,35%) y Transener (18,78%), todas compañías en las que la Anses tiene participación accionaria por el porcentaje señalado entre paréntesis, según los datos oficiales.
De allí que, en función de ciertos antecedentes y comportamientos estatales, cual arquero de fútbol Forino optó por atajarse.
Su equipo de trabajo analiza si el proceso iniciado por el Estado ya ha finalizado y, si no es así, cuáles podrían ser los próximos pasos que dé.
Barajando hipótesis de conflicto, una posibilidad que aparece como más plausible en las empresas que operan en mercados regulados (de servicios públicos), es que busque aumentar su participación accionaria en exceso del 51%, capitalizándolas.
Esta situación las transformaría en Sociedades Anónimas con Capital Estatal Mayoritario y haría aplicables las normas respectivas de la Ley de Sociedades, dijo, invirtiendo los pesos y poderes dentro de la compañía.
“Tampoco habría que descartar, aunque a priori sea descabellado, el hecho de que pretendiera en algún momento y bajo determinadas circunstancias la aplicación del Decreto-Ley 15.349/46, que regula las Sociedades de Economía Mixta, en las cuales el Estado, sin necesidad de tener una participación mayoritaria, tendría no sólo más derechos de control, sino también la designación del presidente, del síndico y de por lo menos un tercio del número de los directores, y derecho de veto a las decisiones sociales”, advirtió, basándose siempre en comportamientos previos del Estado.
Para que eso se dé, sin embargo, haría falta una reforma estatutaria de las empresas alcanzadas, algo difícil de imaginar con los balances de fuerzas actuales.
Por último, un tercer elemento a tener en cuenta es una posible limitación al acceso del mercado de capitales, pues la presencia del Estado podría actuar como “repelente para los inversores más sofisticados”, expresó Forino. Con él coincidió Saleme Murad, quien hizo notar las mejores calificaciones internacionales que han sabido tener las empresas privadas argentinas, en comparación con las notas del Estado.
Dicho esto, normas y principios de por medio, al final del día se trata de definir qué tipo de invitado se tiene y estar preparados para lo que puede ser una velada sin sobresaltos... o una pesadilla que recién comienza.
¿Qué rol está jugando el Estado con sus participaciones minoritarias en las empresas, “heredadas” con la estatización de las AFJP?
Una rápida recorrida por los informes disponibles en el sitio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) indica que, hasta el momento, los representantes estatales se han limitado a abstenerse en las asambleas de accionistas en las que se aprobaron estados contables (pues asumieron sus cargos con el ejercicio ya avanzado) y a oponerse a la distribución de dividendos.
Desde el punto de vista de los comportamientos dentro de esas empresas, cosas que antes se discutían a voz en cuello ahora se piensan dos veces para luego callarlas, confió un abogado empapado en el tema, toda vez que “se está durmiendo con el enemigo”. La falta de affectio societatis explica, entre otras razones, este comportamiento. Sobre escenarios legales, las diferencias de opiniones entre los abogados existen. Mientras algunos deslizan que se podría licuar la tenencia estatal aumentando el capital y que hay que tapar de trabajo a estos directores “para que se vayan”, otros se relajan y recuerdan que antes de que las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones adquirieran las acciones de las empresas que hoy tienen participación estatal minoritaria, el Estado ya estaba allí.
“No es una situación novedosa para TGN, TGS o las eléctricas”, dicen. Corrían los años "90 y si bien entonces el Estado era el mismísimo que es ahora, los gobiernos pendularon de lo lindo entre el ayer y el hoy.
El juego del sillón
El flamante ministro de Economía, Amado Boudou, en su antiguo rol de titular de la Anses había dicho que el Estado no iba a participar en la gestión empresaria, aun teniendo acciones, y que se limitaría a realizar los controles tradicionales previstos por las leyes.
Al tiempo, sin embargo, llegó el cambio de criterio y se intentaron hacer valer ciertos derechos a través del voto acumulativo (ver recuadro), haciendo a un lado el artículo octavo de la ley que creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
“En muchas empresas, sobre todo de servicios públicos, antes de tener una situación conflictiva prefirieron acordar con la Anses y con el Ministerio de Planificación la incorporación de directores propiciados por el Estado”, deslizó un abogado de un importante estudio, que se mantuvo en off the record.
El procedimiento de esta “negociación” se habría repetido en más de una empresa. En las asambleas de accionistas que se realizaron entre abril y mayo, el Estado comunicó su intención de ejercer el voto acumulativo, ante lo cual los accionistas mayoritarios “neutralizaron” el avance proponiendo su lista de directores, entre los que estaban los que tenían la simpatía gubernamental.
Acto seguido, se votaba y esa lista quedaba confirmada por mayoría. En contrapartida, el Estado desistía de su amague.
Ezequiel Cassagne, socio de Cassagne Abogados, recordó que en Siderar la Anses quiso imponerse con el voto acumulativo y colocar a tres directores. El freno, dijo el administrativista, se dio porque la ley que creó el sistema de AFJP establecía que en ningún caso las inversiones realizadas en una sociedad nacional o extranjera habilitarán para ejercer más del 5% del derecho de voto, en toda clase de asamblea, cualquiera sea la tenencia respectiva, limitación que se mantiene en la ley de creación del SIPA.
“Si se mantiene vigente la limitación del 5%, no veo que haya mayores problemas”, opinó. “Es cierto que el hecho de que el Estado tenga acciones de la compañía lo habilita a tener toda la información desde adentro, pero al ser empresas que cotizan, responden ante la Comisión Nacional de Valores, son abiertas y esa información es pública”, relativizó.
El punto, justamente, es qué pasaría si se intentara derogar ese límite del 5%, con un Estado que, en algunos casos, tiene más del 25% de las acciones.
Cassagne habló de inconstitucionalidad, y aventuró que sólo podría regir a futuro. En cambio, para el societarista Marcelo Saleme Murad, “no sería extraño que se mandase al Congreso un proyecto conteniendo la derogación de los artículos que limitan esas facultades”.
Hipótesis de lado, otra de las cuestiones que se plantean en el escenario actual es a quién responden los directores. En teoría, en su obrar deberían velar por los intereses de la empresa, dijo uno de los abogados que se mantuvo en el anonimato. Pero para los que le pusieron nombre y apellido a sus comentarios, la situación práctica es otra.
“Los directores responden al Estado. El director nombrado por la Anses responde a los intereses de la Anses”, retrucó, por caso, Cassagne.
En idéntica línea, Saleme Murad recalcó que “el Estado tiene intereses muy distintos a los de los accionistas privados, por lo que es esperable que tarde o temprano colisionen”.
Con ellos coincidió Guillermo Cabanellas, referente en temas societarios y socio del estudio Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell"Oro Maini, para quien en los casos de conflictos de intereses habrá que recurrir a los mecanismos legales para tratarlos.
Al respecto, las incompatibilidades surgirían si, por ejemplo, se diera el supuesto previsto en el artículo 264 de la Ley de Sociedades, que establece que no pueden ser directores los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad, hasta dos años después del cese de sus funciones.
De acuerdo con la Ley de Sociedades, los directores tienen que velar por los intereses de la propia sociedad, no de los accionistas, y si así no lo hicieren se les puede iniciar acciones por daños y pedir su remoción. Por lo pronto, hasta hoy no se han dado casos que ameriten ese tipo de reacción.
Otra inquietud latente es si los “directores K” pueden ser considerados funcionarios. “Pueden o no. Depende del alcance de sus competencias, establecidas por una norma”, dijo Cassagne y corroboró Cabanellas.
Ahí volvió a aparecer el nombre del primer ministro Amado de la Argentina -en mucho tiempo-, y su presencia como director en el Banco Hipotecario. En efecto, el 6 de julio la CNV agregó la nota por la cual Boudou, con fecha 27 de mayo, aún en la Anses, ratificó su carácter de director independiente.
En este punto, y según una de las fuentes consultadas, entre los directores designados por el Estado los hay ex funcionarios, pero también asesores contratados que trabajan hoy en dependencias públicas.
Preguntados sobre “formas para deshacerse del Estado accionista”, las variantes de licuación fueron mencionadas, pero inmediatamente se planteó la posibilidad del “quiero retruco” que podría hacer la administración pública desembolsando nuevos fondos.
La Ley de Sociedades tiene numerosas acciones para evitar la licuación, aunque requiere que el accionista se defienda, recordó Cabanellas. Por lo pronto, y en principio, nadie puede ser obligado a vender sus acciones.
Desde la vereda contraria y teóricamente, el Estado bien podría intentar acumular más acciones. La pregunta, claro, es ¿para qué? “Hay un problema central de nuestra sociedad, de no saber qué economía quiere. Que el Estado tenga el control de las acciones es algo, en principio, reñido con una economía capitalista, siendo que nuestra Constitución está basada en una economía de mercado”, reflexionó Cabanellas.
Así las cosas, el ingreso no previsto de representantes del Estado en sociedades de origen privado alteró las reglas de convivencia interna, generando a veces situaciones casi paradójicas, redondeó Sebastián Forino, socio de EFVA Abogados.
“Muchas de las participaciones societarias que ha ‘heredado’ el Estado Nacional pertenecen a sociedades que participan en mercados regulados en donde, a su vez, el Estado es el propio regulador. Es decir que hay que convivir e intercambiar información confidencial con el propio regulador”, ejemplificó.
Además, hizo notar que “en virtud de la multiplicidad y atomización de las participaciones societarias heredadas por el Estado Nacional, se podría dar la situación de tener que convivir e intercambiar información confidencial incluso con el competidor”.
Bajo la lupa de los síndicos
Yendo un poco más allá de la tenencia accionaria y de la designación de directores, la incorporación del Estado al paquete accionario de numerosas empresas dejó abierta la discusión sobre el alcance de los controles que aquél puede ejercer.
En lo que refiere al control desde la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Cassagne distinguió en la práctica a las empresas “de o vinculadas con” servicios públicos y a las otras, pues para las primeras ya existe una autoridad de aplicación, un ente regulador y un vínculo de control, por ser un ámbito regulado.
“En su momento se intentó ver los posibles controles y fiscalizaciones que podría tener el Estado y se habló de la participación de la Sigen”, recordó, aunque inmediatamente dijo que aquella se limita a las empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria.
Para llegar a tal conclusión, el especialista armonizó los artículos de la ley 24.156, de Administración Financiera y Sistemas de Control, que fijan los límites para la competencia de la Sindicatura.
“Acá se aplica la Ley de Sociedades, que establece que los síndicos se eligen por mayoría. Siendo así, en principio la Anses no podría designar síndicos (porque no tiene mayoría), y la Sigen no tendría competencia pues no se trata de empresas con capital estatal mayoritario", ahondó.
Sin embargo, el Estado no parece compartir su criterio. Por lo pronto, la Anses intenta hacer valer sus derechos a través de la Ley de Sociedades nombrando aunque más no sea un síndico minoritario en sindicaturas colegiadas.
Por otra parte, “según la ley 24.156, no sólo podemos sino que también debemos nombrar auditores nuestros en todas las empresas donde haya participación accionaria pública, incluyendo a las heredadas por la estatización del sistema previsional”, dijo un funcionario de la Sigen a El Cronista, conforme se publicó días atrás. (ver nota: http://www.cronista.com/notas/190799-la-sigen-otra-avanzada-estatal-empresas-donde-anses-tiene-acciones-).
En el sitio web de la Sindicatura ya se listan las entidades sobre las cuales el organismo puede ejercer su control. Entre ellas aparecen las “Empresas con Participación Estatal Minoritaria”, incluyendo, entre otras firmas, a Consultatio (26,62%), Distribuidora Gas Cuyana (26,12%), Edenor (26,4%), Gas Natural Ban (26,63%), Transportadora de Gas del Sur (23,1%), Pampa Energía (19,35%) y Transener (18,78%), todas compañías en las que la Anses tiene participación accionaria por el porcentaje señalado entre paréntesis, según los datos oficiales.
De allí que, en función de ciertos antecedentes y comportamientos estatales, cual arquero de fútbol Forino optó por atajarse.
Su equipo de trabajo analiza si el proceso iniciado por el Estado ya ha finalizado y, si no es así, cuáles podrían ser los próximos pasos que dé.
Barajando hipótesis de conflicto, una posibilidad que aparece como más plausible en las empresas que operan en mercados regulados (de servicios públicos), es que busque aumentar su participación accionaria en exceso del 51%, capitalizándolas.
Esta situación las transformaría en Sociedades Anónimas con Capital Estatal Mayoritario y haría aplicables las normas respectivas de la Ley de Sociedades, dijo, invirtiendo los pesos y poderes dentro de la compañía.
“Tampoco habría que descartar, aunque a priori sea descabellado, el hecho de que pretendiera en algún momento y bajo determinadas circunstancias la aplicación del Decreto-Ley 15.349/46, que regula las Sociedades de Economía Mixta, en las cuales el Estado, sin necesidad de tener una participación mayoritaria, tendría no sólo más derechos de control, sino también la designación del presidente, del síndico y de por lo menos un tercio del número de los directores, y derecho de veto a las decisiones sociales”, advirtió, basándose siempre en comportamientos previos del Estado.
Para que eso se dé, sin embargo, haría falta una reforma estatutaria de las empresas alcanzadas, algo difícil de imaginar con los balances de fuerzas actuales.
Por último, un tercer elemento a tener en cuenta es una posible limitación al acceso del mercado de capitales, pues la presencia del Estado podría actuar como “repelente para los inversores más sofisticados”, expresó Forino. Con él coincidió Saleme Murad, quien hizo notar las mejores calificaciones internacionales que han sabido tener las empresas privadas argentinas, en comparación con las notas del Estado.
Dicho esto, normas y principios de por medio, al final del día se trata de definir qué tipo de invitado se tiene y estar preparados para lo que puede ser una velada sin sobresaltos... o una pesadilla que recién comienza.
http://www.cronista.com/notas/195918-un-extrano-el-directorio
La Justicia Federal frenó los aumentos de la tarifa de gas en Chubut
El gobernador provincial se mostró conforme con el fallo que ordena a refacturar los consumos eliminando el cargo extra dispuesto por decreto nacional
La Justicia Federal ordenó anular los aumentos y refacturar todos los consumos de gas en la provincia de Chubut, desestimando así el cargo dispuesto por el Gobierno nacional.
La Resolución fue tomada este jueves por el Juez Federal Hugo Sastre quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado de la provincia de Chubut, basada en la presunta ilegalidad de los aumentos en las facturas de gas.
"Hemos dado un paso importante en defensa de la gente", dijo al respecto el gobernador chubutense, Mario Das Neves.
Además de suspender el cobro de las facturas con aumento, el fallo ordenó a la distribuidora Camuzzi la refacturación de los consumos "para eliminar el cargo dispuesto por el Decreto Nacional 2067/08 y la prohibición de cortes del suministro".
Debido a esta Resolución de Primera Instancia, los usuarios de Chubut tienen que pagar, por ahora, solamente el consumo del gas y no el cargo del Fondo del Fideicomiso que implementaba dicho decreto.
Según un Comunicado de Prensa de la gobernación, el fallo sienta "un precedente a nivel nacional", al haber logrado frenar "la suspensión del cobro de las importantes subas en las facturas de gas domiciliarias".
Al respecto, Das Neves anunció que "vamos a seguir adelante, con nuestros legisladores nacionales, para presentar un proyecto de inconstitucionalidad del Decreto que posibilitó el aumento. Los resultados se verán después en el Congreso", agregó, según informó DyN.
http://www.infobaeprofesional.com/notas/84734-La-Justicia-Federal-freno-los-aumentos-de-la-tarifa-de-gas-en-Chubut.html&cookie
La Justicia Federal ordenó anular los aumentos y refacturar todos los consumos de gas en la provincia de Chubut, desestimando así el cargo dispuesto por el Gobierno nacional.
La Resolución fue tomada este jueves por el Juez Federal Hugo Sastre quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado de la provincia de Chubut, basada en la presunta ilegalidad de los aumentos en las facturas de gas.
"Hemos dado un paso importante en defensa de la gente", dijo al respecto el gobernador chubutense, Mario Das Neves.
Además de suspender el cobro de las facturas con aumento, el fallo ordenó a la distribuidora Camuzzi la refacturación de los consumos "para eliminar el cargo dispuesto por el Decreto Nacional 2067/08 y la prohibición de cortes del suministro".
Debido a esta Resolución de Primera Instancia, los usuarios de Chubut tienen que pagar, por ahora, solamente el consumo del gas y no el cargo del Fondo del Fideicomiso que implementaba dicho decreto.
Según un Comunicado de Prensa de la gobernación, el fallo sienta "un precedente a nivel nacional", al haber logrado frenar "la suspensión del cobro de las importantes subas en las facturas de gas domiciliarias".
Al respecto, Das Neves anunció que "vamos a seguir adelante, con nuestros legisladores nacionales, para presentar un proyecto de inconstitucionalidad del Decreto que posibilitó el aumento. Los resultados se verán después en el Congreso", agregó, según informó DyN.
http://www.infobaeprofesional.com/notas/84734-La-Justicia-Federal-freno-los-aumentos-de-la-tarifa-de-gas-en-Chubut.html&cookie
La Justicia Federal frenó los aumentos de la tarifa de gas en Chubut
El gobernador provincial se mostró conforme con el fallo que ordena a refacturar los consumos eliminando el cargo extra dispuesto por decreto nacional
La Justicia Federal ordenó anular los aumentos y refacturar todos los consumos de gas en la provincia de Chubut, desestimando así el cargo dispuesto por el Gobierno nacional.
La Resolución fue tomada este jueves por el Juez Federal Hugo Sastre quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado de la provincia de Chubut, basada en la presunta ilegalidad de los aumentos en las facturas de gas.
"Hemos dado un paso importante en defensa de la gente", dijo al respecto el gobernador chubutense, Mario Das Neves.
Además de suspender el cobro de las facturas con aumento, el fallo ordenó a la distribuidora Camuzzi la refacturación de los consumos "para eliminar el cargo dispuesto por el Decreto Nacional 2067/08 y la prohibición de cortes del suministro".
Debido a esta Resolución de Primera Instancia, los usuarios de Chubut tienen que pagar, por ahora, solamente el consumo del gas y no el cargo del Fondo del Fideicomiso que implementaba dicho decreto.
Según un Comunicado de Prensa de la gobernación, el fallo sienta "un precedente a nivel nacional", al haber logrado frenar "la suspensión del cobro de las importantes subas en las facturas de gas domiciliarias".
Al respecto, Das Neves anunció que "vamos a seguir adelante, con nuestros legisladores nacionales, para presentar un proyecto de inconstitucionalidad del Decreto que posibilitó el aumento. Los resultados se verán después en el Congreso", agregó, según informó DyN.
http://www.infobaeprofesional.com/notas/84734-La-Justicia-Federal-freno-los-aumentos-de-la-tarifa-de-gas-en-Chubut.html&cookie
La Justicia Federal ordenó anular los aumentos y refacturar todos los consumos de gas en la provincia de Chubut, desestimando así el cargo dispuesto por el Gobierno nacional.
La Resolución fue tomada este jueves por el Juez Federal Hugo Sastre quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado de la provincia de Chubut, basada en la presunta ilegalidad de los aumentos en las facturas de gas.
"Hemos dado un paso importante en defensa de la gente", dijo al respecto el gobernador chubutense, Mario Das Neves.
Además de suspender el cobro de las facturas con aumento, el fallo ordenó a la distribuidora Camuzzi la refacturación de los consumos "para eliminar el cargo dispuesto por el Decreto Nacional 2067/08 y la prohibición de cortes del suministro".
Debido a esta Resolución de Primera Instancia, los usuarios de Chubut tienen que pagar, por ahora, solamente el consumo del gas y no el cargo del Fondo del Fideicomiso que implementaba dicho decreto.
Según un Comunicado de Prensa de la gobernación, el fallo sienta "un precedente a nivel nacional", al haber logrado frenar "la suspensión del cobro de las importantes subas en las facturas de gas domiciliarias".
Al respecto, Das Neves anunció que "vamos a seguir adelante, con nuestros legisladores nacionales, para presentar un proyecto de inconstitucionalidad del Decreto que posibilitó el aumento. Los resultados se verán después en el Congreso", agregó, según informó DyN.
http://www.infobaeprofesional.com/notas/84734-La-Justicia-Federal-freno-los-aumentos-de-la-tarifa-de-gas-en-Chubut.html&cookie
15 julio 2009
Malestar en los grandes de la CGT por los beneficios a Moyano
Los grandes gremios de la CGT desafiaron ayer al ex presidente Néstor Kirchner y al secretario general sindical, Hugo Moyano, después de que el camionero consiguió que desplazaran a un funcionario designado 48 horas antes por el ministro de Salud, Juan Manzu,r en la Administración de Programas Especiales (APE).
"El poder no nos va a disciplinar porque nos discriminen con la distribución de los aportes de las obras sociales [que de eso se trata el problema] y sostengan a Moyano. Ya ni Kirchner conduce desde lo político el país, ni Moyano lo hace desde lo sindical. Ellos perdieron las elecciones legislativas del 28 de junio", ratificaron a LA NACION dirigentes de los sindicatos más poderosos, como Sanidad, Luz y Fuerza, Comercio, Unión Ferroviaria, UPCN (estatales), y la Uocra (construcción).
La respuesta de los "Gordos" y de los "independientes" sumó un definitivo enfrentamiento con Moyano a raíz de la jugada oficial que otorgó nuevamente a éste el control de la Administración de Prestaciones Especiales (APE), que distribuye 938 millones de pesos anuales entre las obras sociales. El contador Mario Koltan, que había designado Manzur no duró 48 horas en su cargo y fue desplazado por Moyano.
"La CGT está vacía; es un club donde los socios no participan", dijo un influyente miembro de la central, y sentenció que no concurrirán más ni a las reuniones de la mesa chica ni a las de consejo directivo, en virtual estado de ruptura sindical.
Moyano se quejó ante Kirchner por la designación de Koltan en reemplazo del entonces gerente general de la APE, Hugo Sola, dirigente "de carrera" en el organismo, pero que responde políticamente a Jorge Omar Viviani (peones de taxis), mano derecha de Moyano.
Sola era cuestionado por los gremios debido al "criterio discrecional" con que repartía los fondos de las obras sociales, según dijeron fuentes sindicales bien informadas, en beneficio del sindicato de camioneros y de las organizaciones aliadas a Moyano.
En uso de sus funciones, Koltan discutió con el jefe del área de Legales de la APE, nada menos que Abel Beroiz, hijo del asesinado tesorero de la Federación de Camioneros a nivel nacional (del mismo nombre). Koltan quería instrumentar un sistema "más equitativo" de distribución y recibió la negativa de Beroiz.
Al no designarse por decreto a un reemplazante, volvió a sus funciones el cuestionado Sola, sucesor natural del gerente general de la APE, que ocupa la gerencia de Prestaciones Médicas. Los rivales de Moyano en la CGT responden que "tienen espalda propia para soportar las presiones del Gobierno", incluso si son discriminados por las obras sociales.
"El poder no nos va a disciplinar porque nos discriminen con la distribución de los aportes de las obras sociales [que de eso se trata el problema] y sostengan a Moyano. Ya ni Kirchner conduce desde lo político el país, ni Moyano lo hace desde lo sindical. Ellos perdieron las elecciones legislativas del 28 de junio", ratificaron a LA NACION dirigentes de los sindicatos más poderosos, como Sanidad, Luz y Fuerza, Comercio, Unión Ferroviaria, UPCN (estatales), y la Uocra (construcción).
La respuesta de los "Gordos" y de los "independientes" sumó un definitivo enfrentamiento con Moyano a raíz de la jugada oficial que otorgó nuevamente a éste el control de la Administración de Prestaciones Especiales (APE), que distribuye 938 millones de pesos anuales entre las obras sociales. El contador Mario Koltan, que había designado Manzur no duró 48 horas en su cargo y fue desplazado por Moyano.
"La CGT está vacía; es un club donde los socios no participan", dijo un influyente miembro de la central, y sentenció que no concurrirán más ni a las reuniones de la mesa chica ni a las de consejo directivo, en virtual estado de ruptura sindical.
Moyano se quejó ante Kirchner por la designación de Koltan en reemplazo del entonces gerente general de la APE, Hugo Sola, dirigente "de carrera" en el organismo, pero que responde políticamente a Jorge Omar Viviani (peones de taxis), mano derecha de Moyano.
Sola era cuestionado por los gremios debido al "criterio discrecional" con que repartía los fondos de las obras sociales, según dijeron fuentes sindicales bien informadas, en beneficio del sindicato de camioneros y de las organizaciones aliadas a Moyano.
En uso de sus funciones, Koltan discutió con el jefe del área de Legales de la APE, nada menos que Abel Beroiz, hijo del asesinado tesorero de la Federación de Camioneros a nivel nacional (del mismo nombre). Koltan quería instrumentar un sistema "más equitativo" de distribución y recibió la negativa de Beroiz.
Al no designarse por decreto a un reemplazante, volvió a sus funciones el cuestionado Sola, sucesor natural del gerente general de la APE, que ocupa la gerencia de Prestaciones Médicas. Los rivales de Moyano en la CGT responden que "tienen espalda propia para soportar las presiones del Gobierno", incluso si son discriminados por las obras sociales.
INDEC: designaron a otro hombre del Napia Moreno en el área de Precios
Se trata de Pablo Faifman que será el director del índice IPC. Esta semana, ya había sido ascendido Norberto Itzcovich, otro incondicional de Patota. Viviani reveló que CFK prepara "un cambio de política" en el organismo
El contador Pablo Faifman fue designado como director de Indice de Precios de Consumo (IPC) del INDEC, mediante un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
En tanto, dirigentes de la Asociación de Trabajadores de Estado (ATE) informaron que se trata de un funcionario afín al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que llegó al INDEC de la mano de la anterior interventora en el organismo, Beatriz Paglieri.
Indicaron que no se trata de un técnico de carrera en la entidad sino de un joven profesional que hace poco más de un año se desempeña en el INDEC.
La designación de Faifman se concretó mediante el decreto número 839 publicado hoy en el Boletín Oficial.
El martes, los trabajadores del INDEC agrupados en ATE volvieron a efectuar un "abrazo" al instituto para protestar por el desplazamiento de funcionarios de carrera y por lo que consideran una "manipulación" de los datos sobre la inflación y la pobreza que se difunden desde que la entidad fue intervenida.
Esta misma semana, La Presidente nombró por decreto a Norberto Itzcovich, técnico del organismo de estadística afín a las políticas oficiales, con el cargo de director de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio.
El dato de inflación el martes mostró un alza de un 0,4% para junio, una variación menor a la estimada por los analistas privados. En ese sentido, la ex funcionaria del organismo, Graciela Bevacqua estimó que "los índices reales triplican al oficial".
El contador Pablo Faifman fue designado como director de Indice de Precios de Consumo (IPC) del INDEC, mediante un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
En tanto, dirigentes de la Asociación de Trabajadores de Estado (ATE) informaron que se trata de un funcionario afín al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que llegó al INDEC de la mano de la anterior interventora en el organismo, Beatriz Paglieri.
Indicaron que no se trata de un técnico de carrera en la entidad sino de un joven profesional que hace poco más de un año se desempeña en el INDEC.
La designación de Faifman se concretó mediante el decreto número 839 publicado hoy en el Boletín Oficial.
El martes, los trabajadores del INDEC agrupados en ATE volvieron a efectuar un "abrazo" al instituto para protestar por el desplazamiento de funcionarios de carrera y por lo que consideran una "manipulación" de los datos sobre la inflación y la pobreza que se difunden desde que la entidad fue intervenida.
Esta misma semana, La Presidente nombró por decreto a Norberto Itzcovich, técnico del organismo de estadística afín a las políticas oficiales, con el cargo de director de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio.
El dato de inflación el martes mostró un alza de un 0,4% para junio, una variación menor a la estimada por los analistas privados. En ese sentido, la ex funcionaria del organismo, Graciela Bevacqua estimó que "los índices reales triplican al oficial".
http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=26462
El ENARGAS negó cortes y garantizó la provisión a los usuarios residenciales
El funcionario salió de esta forma al cruce de versiones periodísticas que daban cuenta de la posibilidad de que en los próximos días se produzcan cortes en el suministro de gas a clientes residenciales.
"Desmiento este tipo de informaciones", dijo Pronsato a radio América, para luego detallar que actualmente se están entregando "132 millones de metros cúbicos día, volumen que sirve para abastecer a toda la Argentina".
"Lo que sí ocurrió es que se hicieron cortes escalonados a las industrias denominadas `interrumpibles`, que son aquellas que pueden utilizar otro tipo de combustible o parar la producción o parte de algún equipo; pero eso existió toda la vida", agregó el titular del ente.
"De todos modos, esa restricción alcanza a apenas 4,5 millones de metros cúbicos, es decir sólo el 3 por ciento del total", prosiguió Pronsato.
El interventor del ENARGAS reiteró que las restricciones no son nuevas debido a que permiten garantizar el abastecimiento "a aquellos que necesitan imperiosamente el gas, para lo cual se los puede abastecer con aquellos que tienen contratos ´interrumpibles`".
"Hay que quedarse tranquilo, hay gas para todos los usuarios pero que hay que cuidarlo. Hagamos un uso responsable, pero todos tienen gas en sus casas, en sus GNC, en las panaderías", añadió el funcionario.
Por último, Pronsato aseveró que "todos tienen gas y las fábricas siguen funcionando, ya que se están despachando a las industrias 26 millones de metros cúbicos".
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=153877&id=302269&dis=1&sec=3
14 julio 2009
El juez Sastre frenó el aumento del gas y ordenó a Camuzzi refacturar
Chubut sentó un precedente a nivel nacional al haber logrado frenar la suspensión del cobro de las importantes subas en las facturas de gas domiciliarias, ya que la Justicia Federal hizo lugar a la medida cautelar que el viernes la Fiscalía de Estado de la provincia, a instancias del gobernador Mario Das Neves, y en conjunto con la Defensoría del Pueblo presentaron en defensa de los intereses de la gente.
Al conocerse la decisión judicial, Das Neves la consideró como “inédita” remarcando que “creo hace punta en el país. No tengo conocimiento de otros precedentes”, expresó en referencia la resolución dictada por el Juez Federal, Hugo Sastre, en la que además de suspender el cobro de las facturas con aumentos desmedidos, ordena a Camuzzi S.A. la refacturación para eliminar el cargo dispuesto por el decreto nacional 2067/08 y que se evite también el corte del suministro”, por lo que los usuarios de todo el Chubut deberán pagar solamente el consumo del gas y no el cargo del Fondo del Fideicomiso que implementaba dicho decreto.
“Acá, hemos dado un paso importante en defensa de la gente”, enfatizó Das Neves, anunciando también que “vamos a seguir adelante con nuestros legisladores nacionales para presentar un proyecto de inconstitucionalidad del decreto que posibilitó el aumento. Los resultados se verán después en el Congreso”, expresó.
En tanto que el Fiscal de Estado, Diego Carmona, dijo a modo de síntesis que por la resolución dictada por Sastre los usuarios “no tienen que pagar las facturas en curso, porque la Justicia Federal nos hizo lugar al planteo suspendiendo el cobro de las mismas, ordenándole a Camuzzi que refacture sin el cargo del decreto 2067/08 y ordenándole por último que no suspenda el servicio por este plazo que no se van a pagar estas facturas”, aseguró.
Al conocerse la decisión judicial, Das Neves la consideró como “inédita” remarcando que “creo hace punta en el país. No tengo conocimiento de otros precedentes”, expresó en referencia la resolución dictada por el Juez Federal, Hugo Sastre, en la que además de suspender el cobro de las facturas con aumentos desmedidos, ordena a Camuzzi S.A. la refacturación para eliminar el cargo dispuesto por el decreto nacional 2067/08 y que se evite también el corte del suministro”, por lo que los usuarios de todo el Chubut deberán pagar solamente el consumo del gas y no el cargo del Fondo del Fideicomiso que implementaba dicho decreto.
“Acá, hemos dado un paso importante en defensa de la gente”, enfatizó Das Neves, anunciando también que “vamos a seguir adelante con nuestros legisladores nacionales para presentar un proyecto de inconstitucionalidad del decreto que posibilitó el aumento. Los resultados se verán después en el Congreso”, expresó.
En tanto que el Fiscal de Estado, Diego Carmona, dijo a modo de síntesis que por la resolución dictada por Sastre los usuarios “no tienen que pagar las facturas en curso, porque la Justicia Federal nos hizo lugar al planteo suspendiendo el cobro de las mismas, ordenándole a Camuzzi que refacture sin el cargo del decreto 2067/08 y ordenándole por último que no suspenda el servicio por este plazo que no se van a pagar estas facturas”, aseguró.
http://www.diariojornada.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=16218:el-juez-sastre-freno-el-aumento-del-gas-y-ordeno-a-camuzzi-refacturar&catid=40:provinciales&Itemid=67&viewDate=2009-07-14%2017:02:56
Confirmado: Comenzaron a restringir el gas a industrias (en pleno freno de la actividad)
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Como en los años en los que la actividad avanzaba con fuerza, y pese al freno que se evidencia en la actualidad, el Gobierno limitó el uso de gas a algunas industrias que tienen contratos especiales.
Fuentes del sector contaron al matutino 'La Nación' que "se ha pedido a algunas grandes industrias que consuman menos" y que se trata de una "restricción a nivel país". No obstante, no pudo precisar el número de plantas que sufren el impacto de la medida oficial.
La misma fuente recalcó que "no se trata de cortes de gas" sino que es una limitación a la empresas que tienen contratos con ventana interrumpible, o sea, que pagan menos por el gas que consumen, pero que en caso de escasez son las primeras en sufrir este tipo de restricciones.
A la hora de explicar las causas, la fuente estimó que "el aumento del consumo residencial por el intenso frío" habría llevado a reclamar a las empresas una utilización restringida del fluido. Además indicó que prevén que esta medida dure, por lo menos, hasta el miércoles.
La decisión fue tomada por el Comité Coordinador, encargado en última instancia de informar a las distribuidoras, y tiene el objetivo de "garantizar el suministro" residencial pese a que la actividad industrial se desacelera como producto de la crisis económica.
Por este derrumbe de la actividad industrial, que los privados estiman entre 7% y 10% en el semestre, no se esperaba que este año se repitiera la escasez.
Según el diario 'Crítica de la Argentina', el Gobierno tuvo que encarar estos primeros fríos con un giro en la estrategia del año pasado. Hasta ahora, cada vez que bajaba la temperatura y aumentaba la demanda hogareña de gas, las usinas eléctricas generaban con combustibles líquidos y así se liberaba gas para los residenciales. Ahora, con una plaza con menos dólares por la caída de los ingresos por exportaciones más la baja de la recaudación, el Gobierno mermó las compras de fuel oil o gasoil. Por lo tanto, a pesar de que no hace tanto frío como otras veces (a las 15 el termómetro marcaba ayer 16 grados) el poco gas de las cuencas locales se preserva para la generación eléctrica y los hogares, y se frena el suministro a las empresas.
En la distribuidora Gas Natural Ban hay restricciones desde ayer a las 6 y se extenderá por al menos dos días a 108 clientes con servicio interrumpible. Los únicos que hoy gozan de suministro ininterrumpible son los hogares. Algunas empresas pagan algo más por tener un servicio "en firme", pero con una cierta cantidad de días en los que se puede cortar el gas ante una mayor demanda hogareña.
Metrogas hizo lo mismo con dos grandes clientes, Camuzzi Gas Pampeana le restringió a 15 compañías y Camuzzi Gas del Sur a tres, según voceros de todas ellas. La situación se mantendría igual al menos hasta el jueves. Los expertos notan que las vacaciones de invierno adelantadas, con más chicos y padres en las casas, también potenció el consumo de gas.
A pesar de la caída de la actividad industrial y que el Gobierno importa gas de Bolivia y gas licuado de petróleo por medio de barcazas, sigue siendo insuficiente el suministro ante los primeros fríos. El decaimiento de la producción de los pozos de la cuenca neuquina y el aplazamiento de la construcción de un gasoducto submarino que traería gas de Tierra del Fuego impiden acompañar el crecimiento de la demanda, agregan los expertos. La pregunta que se hacen muchos de ellos es qué pasaría si no existiera la crisis y la economía estuviera en pleno desarrollo.
http://www.urgente24.com/index.php?id=ver2&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=125740
Fuentes del sector contaron al matutino 'La Nación' que "se ha pedido a algunas grandes industrias que consuman menos" y que se trata de una "restricción a nivel país". No obstante, no pudo precisar el número de plantas que sufren el impacto de la medida oficial.
La misma fuente recalcó que "no se trata de cortes de gas" sino que es una limitación a la empresas que tienen contratos con ventana interrumpible, o sea, que pagan menos por el gas que consumen, pero que en caso de escasez son las primeras en sufrir este tipo de restricciones.
A la hora de explicar las causas, la fuente estimó que "el aumento del consumo residencial por el intenso frío" habría llevado a reclamar a las empresas una utilización restringida del fluido. Además indicó que prevén que esta medida dure, por lo menos, hasta el miércoles.
La decisión fue tomada por el Comité Coordinador, encargado en última instancia de informar a las distribuidoras, y tiene el objetivo de "garantizar el suministro" residencial pese a que la actividad industrial se desacelera como producto de la crisis económica.
Por este derrumbe de la actividad industrial, que los privados estiman entre 7% y 10% en el semestre, no se esperaba que este año se repitiera la escasez.
Según el diario 'Crítica de la Argentina', el Gobierno tuvo que encarar estos primeros fríos con un giro en la estrategia del año pasado. Hasta ahora, cada vez que bajaba la temperatura y aumentaba la demanda hogareña de gas, las usinas eléctricas generaban con combustibles líquidos y así se liberaba gas para los residenciales. Ahora, con una plaza con menos dólares por la caída de los ingresos por exportaciones más la baja de la recaudación, el Gobierno mermó las compras de fuel oil o gasoil. Por lo tanto, a pesar de que no hace tanto frío como otras veces (a las 15 el termómetro marcaba ayer 16 grados) el poco gas de las cuencas locales se preserva para la generación eléctrica y los hogares, y se frena el suministro a las empresas.
En la distribuidora Gas Natural Ban hay restricciones desde ayer a las 6 y se extenderá por al menos dos días a 108 clientes con servicio interrumpible. Los únicos que hoy gozan de suministro ininterrumpible son los hogares. Algunas empresas pagan algo más por tener un servicio "en firme", pero con una cierta cantidad de días en los que se puede cortar el gas ante una mayor demanda hogareña.
Metrogas hizo lo mismo con dos grandes clientes, Camuzzi Gas Pampeana le restringió a 15 compañías y Camuzzi Gas del Sur a tres, según voceros de todas ellas. La situación se mantendría igual al menos hasta el jueves. Los expertos notan que las vacaciones de invierno adelantadas, con más chicos y padres en las casas, también potenció el consumo de gas.
A pesar de la caída de la actividad industrial y que el Gobierno importa gas de Bolivia y gas licuado de petróleo por medio de barcazas, sigue siendo insuficiente el suministro ante los primeros fríos. El decaimiento de la producción de los pozos de la cuenca neuquina y el aplazamiento de la construcción de un gasoducto submarino que traería gas de Tierra del Fuego impiden acompañar el crecimiento de la demanda, agregan los expertos. La pregunta que se hacen muchos de ellos es qué pasaría si no existiera la crisis y la economía estuviera en pleno desarrollo.
http://www.urgente24.com/index.php?id=ver2&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=125740
13 julio 2009
11 julio 2009
El Gobierno justifica los aumentos
10.07.2009 En el Ministerio de Planificación aseguran que no hay nuevos ajustes, sino que se trata de aumentos anunciados a fines de 2008. En el caso del gas, se explicó que las subas financian las garrafas a bajo precio.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, defendió los incrementos en las tarifas de luz y gas -anunciados en 2008 para eliminar subsidios- al explicar que impactan sobre una pequeña porción de los usuarios de alto poder adquisitivo.
"Si hay mucho consumo es porque la capacidad adquisitiva es mayor y en ese sentido obramos", afirmó De Vido al contestar versiones periodísticas que contaron sobre las facturas de luz y gas que llegan a los hogares con aumento de entre el 80 y el 400%.
El ministro recordó que los ajustes en luz y gas se aplican para eliminar parcialmente subsidios y sincerar las tarifas. Oscilan entre 10 y 50%, precisó, "tomando en cuenta los volúmenes de consumo que es realmente la forma de medir la capacidad adquisitiva de un hogar".
Además, explicó que dentro de esos aumentos, en el caso del gas, se incluye la compensación a los usuarios de gas en garrafa "que es el sector más desposeído de la población y logramos una garrafa social, que está disponible en todo el país".
"Por quinta vez consecutiva, el diario Clarín se refiere a un aumento que fue público y explicado y anunciado por mí en 2008, para transporte y distribución tanto en luz como en gas", puntualizó el funcionario. Aclaró a su vez que no se aplicaron incrementos "ni a industrias ni a comercios, para garantizar la plena productividad".
De Vido detalló que la quita de subsidios a la energía eléctrica dejó afuera al 92% de los usuarios y el 8% incluye en forma escalonada a los que consumen más de 1.000, 1.400 kilowatios y 1.800 kilowatios. "El subsidio es cero porque no tenemos lo argentinos por qué subsidiar a los que más consumen", se defendió.
En el caso del gas, el aumento impacta al 18% de los usuario, que consume más de 1.800 metros cúbicos al año. Este límite fue elevado de 1.000 a 1.800 metros cúbicos/año en área metropolitana de Buenos aires ""para no complicar a los sectores medios"", destacó De Vido.
Durante los primeros cinco años del kirchnerismo, las tarifas de los servicios públicos estuvieron congeladas para evitar afectar a la clase media, lo que -según expertos- generó distorsiones tales como que el gas, por ejemplo, era tan barato que hasta se usaba para climatizar piletas en countries.
SIN DEMORAS
El ministro asimismo rechazó que se haya demorado el envío de facturas para después de las elecciones. "Es mentira porque las boletas corresponden al bimestre mayo/junio, y estamos en julio y están llegando. Eso es manipular la informació", disparó.
Además de algunos medios, varias voces de la oposición habían salido a cruzar al Gobierno porque consideraban que había "pisado" los incrementos hasta que pasaran los comicios.
Por otra parte, De Vido reveló que con recursos del Fondo de Infraestructura -cuestionado por los medios- "se está haciendo el tendido de redes de gas en Tartagal (Salta) después del desastre en esa población; se esta haciendo el gasoducto del Cruce del Estrecho de Magallanes para que tengamos más volúmenes de gas en el continente e importemos menos desde Bolivia y menos por barco", en alusión al GLP, que se importa por el Puerto de Bahía Blanca.
http://www.laprensa.com.ar/337404-El-Gobierno-justifica-los-aumentos.note.aspx
Por un candidato tal vez no, pero por esto SÍ puede reaccionar la gente
10/07 - 12:00 - A pesar de ser una vergüenza ninguno desde el gobierno provincial y de las empresas prestadoras se ponen colorados. Los aumentos de estos servicios alcanzan el 350% en algunos casos. Las facturas son impagables para muchos habitantes. La crisis golpea a todos los habitantes, menos a las empresas que son avaladas con aumentos impunes. La sociedad es cautiva, rehen y víctima de la corrupción estatal y empresaria. ¡Alerta! El caos no se va a generar por quien gane en las urnas, se va a plantear por quien permita este atropello.
Una simple comparación del consumo de un usuario particular de gas, arroja un resultado llamativo y preocupante: por 3.849,21 m3 de gas consumido en el período julio/setiembre de 2008 el usuario que tomamos como ejemplo abonó $ 255,92.
Por 3.268,30 de m3 durante el período abril/mayo de 2009 pagó $ 518,75
Se debe tener en cuenta que el período de 2008 referenciado es de alto consumo, mientras que el del año 2009 es antes del ingreso al invierno, por lo tanto en la última factura de Camuzzi hay 581 m3 menos.
La diferencia es tan obvia como simple: el valor del metro cúbico fue aumentado más allá del 100%. Mientras en el 2008 era de $ 0,075511 el m3, en el 2009 ese valor ascendió a 0,142633.
Sin vergüenza ni control
Precisamente en el día de hoy el diario La Opinión Austral difunde una entrevista con el Sr Gustavo Pedace, Gerente de Relaciones Institucionales de Camuzzi Gas del Sur, que alegremente se quitó la responsabilidad del aumento tarifario, le puso el cargo al incremento del gas en boca de pozo, a los impuestos y por si no estaba todo dicho, señaló que es la primera vez en diez años que se da un movimiento significativo en las tarifas, comparando el gas con la televisión por cable o Internet que se han ido ajustando de manera progresiva, solo que el Ejecutivo se olvidó de algo fundamental: el gas se utiliza para vivir y es elemento esencial para la supervivencia familiar en una región como la nuestra.
Como no le quedaba otra, Pedace tuvo que reconocer (¡cómo no hacerlo!) que las facturas “tienen un aumento notable”, pero llamativamente dijo que Camuzzi “no posee la potestad de manejar el incremento de un modo escalonado” y agregó sin pausa “yo ahí me quedo sin respuestas”.
A pesar que el Sr Pedace se quede sin respuesta, nadie verifica si la gente se queda sin plata y en todo caso, la falta de pago hace que se interrumpa automáticamente el servicio. ¿Si esto no es una injusticia, la injusticia dónde está?.
La pregunta que los consumidores de esta provincia se hacen es ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están los gremios dispuestos a salir por la calle para reclamar salarios y el derecho de sus afiliados? ¿Dónde está la Justicia que no pone límites, demoran las denuncias y cajonean los expedientes de reclamos?.
Lo mismo pasa con la luz, boletas que han llegado a los hogares con más del 300% de aumento. Servicios Públicos, es una empresa del Estado ¿Qué dirá el Gobernador en este sentido? ¿Tampoco es potestad del gobierno regular el impacto de los aumentos en el consumo?. ¿Dirá Osorio como Pedace “yo ahí me quedo sin respuestas”?
Es muy posible que el caos no venga por la elección de uno u otro candidatos, es casi seguro que venga por el desmanejo, la falta de control, la corrupción y los negocios con ganancias desmesuradas que hacen estos monopolios con la connivencia del Estado, a costa de la gente que aún no ha llegado al límite, sin embargo constituye una actitud demasiado miope de parte de los gobiernos (nacional y provincial) no ver lo que se avecina transitando por este camino. Una vez que la gente esté en la calle, frente a las empresas, amenazando la paz social y protestando en forma masiva, quizás comprendan que debieran haber hecho algo a tiempo. Como siempre, tarde. (Agencia OPI Santa Cruz)
http://www.opisantacruz.com.ar/home/2009/07/10/por-un-candidato-tal-vez-no-pero-por-esto-si-puede-reaccionar-la-gente/6765
08 julio 2009
Camuzzi dice que ellos no tienen la culpa
La empresa distribuidora dice que no es facultad de ellos prorratear el incremento. Gustavo Pedace, gerente de relaciones institucionales de la empresa, confirmó que además de la aplicación del cargo del fondo fiduciario, se está facturando el incremento del precio del gas en boca de pozo y los impuestos.
Pedace indicó que esta “es la primera vez en diez años que se da un movimiento significativo en las tarifas” y planteó una comparación con lo ocurrido durante el mismo tiempo con otro tipo de prestaciones, como la televisión por cable o internet, al manifestar que “la verdad es que los otros servicios se fueron ajustando de una manera que los distintos segmentos se acomodaron”.
El directivo reconoció que “es cierto que la factura tiene un aumento notable” y confirmó que Camuzzi no posee la potestad de manejar el incremento de una modo escalonado. “Yo ahí me quedo sin respuestas” dijo Pedace y agregó que la empresa no tiene mecanismos para prorratear el aumento.
//
Pedace dijo que no tienen la posibilidad de escalonar el incremento
El gerente de relaciones institucionales de Camuzzi aseguró que en “el tema tarifario la distribuidora no tiene ningún tipo de injerencia, sólo podemos cobrar y hacer una pauta tarifaria a partir de lo que nos permite nuestro regulador”. En ese sentido dijo que la posibilidad de aplicar el incremento de manera gradual y no en un sólo paso “es una política energética que ha estado vigente en los últimos años”, para después poner como ejemplo que “la Secretaría de Energía hizo un sendero de precios con los productores de gas natural”
Gustavo Pedace afirmó que si bien durante los últimos años hubo incrementos en los cargos tarifarios, estos fueron “para los sectores comerciales e industriales, y esta es la primera vez a los consumos residenciales”, aunque recordó que la medida sólo afecta a los consumos residenciales altos.
Al ser consultado que pueden hacer aquellas personas que no tienen dinero para pagar el incremento, Pedace dijo que la empresa contempla algunos casos excepción e informó que los usuarios deben visitar las oficinas de la empresa para saber si reúnen los requisitos necesarios para acceder a esa herramienta.
06 julio 2009
La desvariada política energética
El lunes pasado, un día después de la derrota de Kirchner, el presidente de YPF Antoni Brufau, y su CEO, Sebastián Eskenazi, reportaron ante la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) el desempeño de la empresa en 2008. El informe fue una descarnada radiografía de la desvariada política energética del Gobierno, cuyo rasgo más nocivo sería la tendencia a intervenir en el mercado. En diciembre de 2007, Brufau había justificado la venta del 15% de YPF a la familia Eskenazi porque era "el socio más idóneo por su experiencia en mercados regulados". Por lo visto, esa estrategia fracasó.
El jueves último, Repsol informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Madrid que tal vez se marche de la Argentina. Ese día trascendió una oferta de la China National Offshore Oil Corp Ltd (Cnooc) y de la China National Petroleum Corp para comprar YPF en alrededor de US$ 17.000 millones. Los chinos sí tienen experiencia en mercados regulados.
La enajenación de YPF tiene razones españolas. El 20% de Repsol pertenece a Sacyr-Vallehermoso, una constructora e inmobiliaria que necesita fondos para atravesar la crisis de esa actividad en España. Brufau debe explicarle al presidente de Sacyr, Luis del Rivero, por qué, desde que llegaron los Eskenazi, la rentabilidad de YPF cayó el 60 por ciento. Brufau y Eskenazi expusieron sus excusas ante la SEC: la economía argentina se contrae; la inflación aumenta los costos; la intervención del Gobierno es excesiva; las tarifas domiciliarias están congeladas; debe importarse combustible a precio internacional para venderlo a pérdida; las restricciones a las exportaciones son permanentes. Casi una proclama de la Comisión de Enlace del campo.
Si la oferta de los chinos se concretara en los generosos términos que han trascendido (según los valores bursátiles del viernes pasado, la compañía valía US$ 12.800 millones), los Eskenazi habrían hecho un negocio fantástico. Por su 15%, sacarían alrededor de US$ 2533 millones: US$ 298 millones más de lo que les costó. Hay que recordar, además, que ellos controlan YPF sin poner más que US$ 108 millones. El resto fue financiado por los bancos y por Repsol, que aceptó que le saldaran la deuda con dividendos de la compañía. También los españoles enviaron formidables remesas a sus alicaídos accionistas de Madrid. El año pasado retiraron $ 8200 millones.
Si bien nunca mereció objeciones de la Comisión Nacional de Valores, la táctica de pagar a Repsol las acciones de YPF con dividendos de YPF se volvió inviable por la baja rentabilidad de la empresa. La familia Eskenazi tal vez migre de YPF, como lo está haciendo del kirchnerismo: el comedor de Sebastián, en Diagonal Norte, fue el reducto de Reutemann durante su campaña. "Tenía razón Julio [De Vido], que nunca quiso a los Eskenazi y prefería a Carlos Miguens para YPF", recordó un empresario con pase libre en Olivos.
Argentinización
La argentinización de los Kirchner quedó en la ruina. ¿Qué explicación le darán a Pino Solanas o a esa reencarnación de Scalabrini Ortiz en que se convirtió De Narváez, si China se queda con YPF? Con dificultades para operar en EE.UU. o Europa, ese país se lanzó al Africa, a Irak y puso un pie en Ecuador y Venezuela.
Sin embargo, la venta de YPF a los chinos sigue siendo conjetural. Por ahora, sólo sirve para poner en ridículo la receta en que confiaron Brufau y José Luis Rodríguez Zapatero para aplacar a Kirchner y para demostrar el interés de los españoles por abandonar el país. ¿Aprovechará Kirchner esa ansiedad para nacionalizar activos de la empresa y después revenderlos a sus amigos petroleros?
La novelesca saga de Telecom es similar. Telecom Italia se resignó a vender su participación en la empresa (50%), acorralada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Secretaría de Comunicaciones, que le prohibieron ejercer una opción de compra por la mitad que controlan los Werthein y, al mismo tiempo, deshacerse de sus propias acciones (Más información, Pág. 3 de Economía)
Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez fueron, hasta las elecciones, los únicos oferentes en la licitación que administra el CS First Boston. Tiene sentido: dos directivos italianos aseguran que De Vido les indicó: "Si hablan con la gente de Aeropuertos, ellos les pueden resolver el problema de la venta". Después de la derrota de Kirchner, se presentaron al concurso los directivos del grupo Clarín y un fondo del transportista Alfredo Román, que administran Ronaldo Strazzolini (ex Citi) y Tomás Deane (ex Francés-BBVA). Las ofertas rondaron, parejas, los US$ 600 millones.
La operación es otra después de los comicios. Los italianos comenzaron a dudar de que Eurnekian y Gutiérrez consigan el financiamiento que gestionaron en un banco europeo (antes habían recurrido, sin éxito, a Cristóbal López). Además, la oposición promete un escándalo si el Gobierno fuerza la venta de una compañía que factura US$ 3000 millones al año y que controlará el mercado de la TV, la telefonía e Internet. Sobre todo, si los beneficiados son amigos de Kirchner.
También están los que quieren quedar bien con Clarín . La aparición de un competidor que controla el 50% de la telefonía fija es para ese holding un riesgo desmesurado. Por eso, la derrota de Kirchner hizo subir la acción de Clarín : si Héctor Magnetto se queda con Telecom, extenderá de manera temible la plataforma de TV e Internet que ya controla.
Un grito en el cielo
A De Narváez, dueño también de medios, le han recomendado poner el grito en el cielo si el negocio queda en manos de Eurnekian-Gutiérrez. Al parecer, aceptó el consejo.
Ante este nuevo cuadro, la retirada de Telecom Italia de la Argentina, irreversible hace 10 días, comenzó a ser dudosa. Más allá de esta peripecia, la CNDC, que controlan Guillermo Moreno y Ricardo Napolitani, estará en la mira del nuevo Congreso. No sólo por Telecom. Hay diputados que sospechan del comportamiento de esa comisión en el caso de Ciesa, la compañía que controla la transportadora de gas TGS, en la que Petrobras posee un 50%. El holandés Brent de Jong encontró todo tipo de trabas cuando quiso canjear por acciones de TGS los títulos de deuda que adquirió su Ashmore Energy Internacional. Hasta que alguien le recomendó ingresar a Emgasud, la empresa de Alejandro Ivanissevich. Este otro experto en mercados regulados ahora pugna por quitar a Petrobras el control de TGS. Emgasud está bajo la lupa de la Justicia por presuntas irregularidades que la misma empresa publicó en enero, en el prospecto para una colocación de obligaciones negociables. La Anses suscribió el 30% de esas ON.
Ivanissevich estaría detrás de TGN, la otra transportadora que controla Techint. El interventor del Enargas, Ricardo Pronsato, está obsesionado con esas empresas. Necesita que le convaliden los precios de las ampliaciones de gasoductos de 2006-2008. Antes de dejar la fiscalía, Carlos Stornelli denunció ante el juez Ariel Lijo que lo que se había presupuestado en US$ 1427 millones, se adjudicaría por US$ 2347 millones. Como el caso Skanska, esto quedará bajo la lupa parlamentaria. La moda de las comisiones investigadoras vuelve, como siempre que hay una oposición con ínfulas y un Ejecutivo desprestigiado.
El jueves último, Repsol informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Madrid que tal vez se marche de la Argentina. Ese día trascendió una oferta de la China National Offshore Oil Corp Ltd (Cnooc) y de la China National Petroleum Corp para comprar YPF en alrededor de US$ 17.000 millones. Los chinos sí tienen experiencia en mercados regulados.
La enajenación de YPF tiene razones españolas. El 20% de Repsol pertenece a Sacyr-Vallehermoso, una constructora e inmobiliaria que necesita fondos para atravesar la crisis de esa actividad en España. Brufau debe explicarle al presidente de Sacyr, Luis del Rivero, por qué, desde que llegaron los Eskenazi, la rentabilidad de YPF cayó el 60 por ciento. Brufau y Eskenazi expusieron sus excusas ante la SEC: la economía argentina se contrae; la inflación aumenta los costos; la intervención del Gobierno es excesiva; las tarifas domiciliarias están congeladas; debe importarse combustible a precio internacional para venderlo a pérdida; las restricciones a las exportaciones son permanentes. Casi una proclama de la Comisión de Enlace del campo.
Si la oferta de los chinos se concretara en los generosos términos que han trascendido (según los valores bursátiles del viernes pasado, la compañía valía US$ 12.800 millones), los Eskenazi habrían hecho un negocio fantástico. Por su 15%, sacarían alrededor de US$ 2533 millones: US$ 298 millones más de lo que les costó. Hay que recordar, además, que ellos controlan YPF sin poner más que US$ 108 millones. El resto fue financiado por los bancos y por Repsol, que aceptó que le saldaran la deuda con dividendos de la compañía. También los españoles enviaron formidables remesas a sus alicaídos accionistas de Madrid. El año pasado retiraron $ 8200 millones.
Si bien nunca mereció objeciones de la Comisión Nacional de Valores, la táctica de pagar a Repsol las acciones de YPF con dividendos de YPF se volvió inviable por la baja rentabilidad de la empresa. La familia Eskenazi tal vez migre de YPF, como lo está haciendo del kirchnerismo: el comedor de Sebastián, en Diagonal Norte, fue el reducto de Reutemann durante su campaña. "Tenía razón Julio [De Vido], que nunca quiso a los Eskenazi y prefería a Carlos Miguens para YPF", recordó un empresario con pase libre en Olivos.
Argentinización
La argentinización de los Kirchner quedó en la ruina. ¿Qué explicación le darán a Pino Solanas o a esa reencarnación de Scalabrini Ortiz en que se convirtió De Narváez, si China se queda con YPF? Con dificultades para operar en EE.UU. o Europa, ese país se lanzó al Africa, a Irak y puso un pie en Ecuador y Venezuela.
Sin embargo, la venta de YPF a los chinos sigue siendo conjetural. Por ahora, sólo sirve para poner en ridículo la receta en que confiaron Brufau y José Luis Rodríguez Zapatero para aplacar a Kirchner y para demostrar el interés de los españoles por abandonar el país. ¿Aprovechará Kirchner esa ansiedad para nacionalizar activos de la empresa y después revenderlos a sus amigos petroleros?
La novelesca saga de Telecom es similar. Telecom Italia se resignó a vender su participación en la empresa (50%), acorralada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Secretaría de Comunicaciones, que le prohibieron ejercer una opción de compra por la mitad que controlan los Werthein y, al mismo tiempo, deshacerse de sus propias acciones (Más información, Pág. 3 de Economía)
Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez fueron, hasta las elecciones, los únicos oferentes en la licitación que administra el CS First Boston. Tiene sentido: dos directivos italianos aseguran que De Vido les indicó: "Si hablan con la gente de Aeropuertos, ellos les pueden resolver el problema de la venta". Después de la derrota de Kirchner, se presentaron al concurso los directivos del grupo Clarín y un fondo del transportista Alfredo Román, que administran Ronaldo Strazzolini (ex Citi) y Tomás Deane (ex Francés-BBVA). Las ofertas rondaron, parejas, los US$ 600 millones.
La operación es otra después de los comicios. Los italianos comenzaron a dudar de que Eurnekian y Gutiérrez consigan el financiamiento que gestionaron en un banco europeo (antes habían recurrido, sin éxito, a Cristóbal López). Además, la oposición promete un escándalo si el Gobierno fuerza la venta de una compañía que factura US$ 3000 millones al año y que controlará el mercado de la TV, la telefonía e Internet. Sobre todo, si los beneficiados son amigos de Kirchner.
También están los que quieren quedar bien con Clarín . La aparición de un competidor que controla el 50% de la telefonía fija es para ese holding un riesgo desmesurado. Por eso, la derrota de Kirchner hizo subir la acción de Clarín : si Héctor Magnetto se queda con Telecom, extenderá de manera temible la plataforma de TV e Internet que ya controla.
Un grito en el cielo
A De Narváez, dueño también de medios, le han recomendado poner el grito en el cielo si el negocio queda en manos de Eurnekian-Gutiérrez. Al parecer, aceptó el consejo.
Ante este nuevo cuadro, la retirada de Telecom Italia de la Argentina, irreversible hace 10 días, comenzó a ser dudosa. Más allá de esta peripecia, la CNDC, que controlan Guillermo Moreno y Ricardo Napolitani, estará en la mira del nuevo Congreso. No sólo por Telecom. Hay diputados que sospechan del comportamiento de esa comisión en el caso de Ciesa, la compañía que controla la transportadora de gas TGS, en la que Petrobras posee un 50%. El holandés Brent de Jong encontró todo tipo de trabas cuando quiso canjear por acciones de TGS los títulos de deuda que adquirió su Ashmore Energy Internacional. Hasta que alguien le recomendó ingresar a Emgasud, la empresa de Alejandro Ivanissevich. Este otro experto en mercados regulados ahora pugna por quitar a Petrobras el control de TGS. Emgasud está bajo la lupa de la Justicia por presuntas irregularidades que la misma empresa publicó en enero, en el prospecto para una colocación de obligaciones negociables. La Anses suscribió el 30% de esas ON.
Ivanissevich estaría detrás de TGN, la otra transportadora que controla Techint. El interventor del Enargas, Ricardo Pronsato, está obsesionado con esas empresas. Necesita que le convaliden los precios de las ampliaciones de gasoductos de 2006-2008. Antes de dejar la fiscalía, Carlos Stornelli denunció ante el juez Ariel Lijo que lo que se había presupuestado en US$ 1427 millones, se adjudicaría por US$ 2347 millones. Como el caso Skanska, esto quedará bajo la lupa parlamentaria. La moda de las comisiones investigadoras vuelve, como siempre que hay una oposición con ínfulas y un Ejecutivo desprestigiado.
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1147465
05 julio 2009
Licencia Preventiva
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
SALUD PUBLICA
Resolución 471/2009
Influenza A (H1N1). Establécese una licencia preventiva para los trabajadores de
Bs. As., 1/7/2009
VISTO
y
CONSIDERANDO:
Que la situación producida por
Que por Ley 26.456 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2009 la vigencia de
Que mediante una interpretación armónica e inclusiva de las normas antes referidas, debe impulsarse la adopción de medidas que tiendan a preservar las relaciones de producción y empleo y la protección del salario que en forma habitual perciben los trabajadores y las trabajadoras y la integridad de sus núcleos familiares.
Que la presente medida se dicta ante las excepcionales circunstancias antes referidas y en uso de las facultades conferidas en el artículo 23 de
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º — Establécese una licencia preventiva por QUINCE (15) días corridos, a partir del 3 de julio del corriente año, con goce íntegro de haberes, para las mujeres embarazadas y para los trabajadores inmuno comprometidos o que padezcan enfermedades oncológicas o enfermedades que le provoquen inmuno supresión o patologías cardíacas crónicas, diabetes o afecciones respiratorias. El trabajador o la trabajadora para gozar de esta licencia deberá acreditar tal situación mediante certificado médico.
Art. 2º — El trabajador o la trabajadora que tuviera que atender el cuidado de su grupo familiar primario en virtud de la enfermedad INFLUENZA A (H1N1) tendrá derecho a gozar de un período de licencia de QUINCE (15) días corridos con goce íntegro de haberes, debiendo reintegrarse a las tareas a la finalización de la misma.
Art. 3º — El trabajador o la trabajadora para gozar de licencia en virtud de la enfermedad de alguno de los integrantes de su grupo familiar primario, deberá acreditar mediante certificado médico la existencia de afección específica por
Art. 4º — El empleador podrá ejercer las facultades de control médico respecto de los integrantes del grupo familiar primario, exclusivamente en relación a la constatación de la existencia de INFLUENZA A (H1N1) o de la sintomatología vinculada a esta enfermedad, cuando ello sea la causa de la licencia acordada.
Art. 5º — Los plazos de licencia se computarán a todos los efectos como tiempo de servicio.
Art. 6º — Los empleadores no podrán deducir de los haberes de los trabajadores los premios o adicionales establecidos por puntualidad, asistencia, presentismo u otros conceptos ligados a éstos, cuando los motivos que pudieran ocasionar su pérdida se deriven de la licencia que le hubiese sido acordada por padecer el trabajador o algún integrante de su grupo familiar primario de
Art. 7º — En toda otra situación derivada de medidas dispuestas en prevención de
Art. 8º — Establécese que las disposiciones de la presente Resolución serán aplicables a los trabajadores y a las trabajadoras tanto de
Art. 9º — Delégase en
Art. 10. — Invítase a las Provincias y a
Art. 11. — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a
04 julio 2009
TGN amplía plazo para reestructurar deuda
Transportadora Gas del Norte (TGN) volvió a postergar, ahora hasta el miércoles 5 de agosto, el vencimiento para adherirse al plan de reestructuración de su deuda.
La oferta se había lanzado el 23 de abril y vencía a principios de junio, plazo que pospuso un mes debido a que sólo había recibido adhesiones por el 13 por ciento de los 347 millones de dólares en títulos que la compañía intenta renegociar.
Ahora, TGN informó que suman 11,5 por ciento las aceptaciones de tenedores de su deuda, y reiteró que continúa negociando con un comité de acreedores que representan más del 55 por ciento del pasivo.
La Oferta de Reestructuración de TGN consiste en el canje de sus Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento en 2012 por otros títulos a la par, con vencimiento en 2021, a tasa creciente. O un pago en efectivo a cambio de un descuento.
En ese caso la empresa emplearía 30 millones de dólares para concretar la operación, pagando 25 centavos de dólar por cada dólar de deuda vencida que participe.
A fines de diciembre, TGN postergó el pago de las cuotas de capital e intereses correspondientes a obligaciones negociables simples.
La oferta se había lanzado el 23 de abril y vencía a principios de junio, plazo que pospuso un mes debido a que sólo había recibido adhesiones por el 13 por ciento de los 347 millones de dólares en títulos que la compañía intenta renegociar.
Ahora, TGN informó que suman 11,5 por ciento las aceptaciones de tenedores de su deuda, y reiteró que continúa negociando con un comité de acreedores que representan más del 55 por ciento del pasivo.
La Oferta de Reestructuración de TGN consiste en el canje de sus Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento en 2012 por otros títulos a la par, con vencimiento en 2021, a tasa creciente. O un pago en efectivo a cambio de un descuento.
En ese caso la empresa emplearía 30 millones de dólares para concretar la operación, pagando 25 centavos de dólar por cada dólar de deuda vencida que participe.
A fines de diciembre, TGN postergó el pago de las cuotas de capital e intereses correspondientes a obligaciones negociables simples.
Con los aumentos tarifarios, TGS (MERV:TGSU; NYSE:TGS) y Camuzzi Gas Pampeana (MERV:CGPA) recuperan atractivo
La cuestión era esperar hasta las elecciones. El empresariado argentino sabía que hasta el 28-J no podían ni pensar en la posibilidad de aumentos de precios.Probablemente algún acuerdo secreto habrá existido y ello explicaría el silencio oficial al que asistimos.
El diario argentino El Cronista analizaba ayer el cambio en el comportamiento del inversor local que está poniendo su atención en papeles del sector financiero y servicios. Entre estos últimos, los ajustes tarifarios que se esperan en breve, aumentaron el atractivo de las compañías de servicios públicos, pero me convencieron de que algo cambió en la economía argentina. Y ese cambio no fue por convicción sino por necesidad.
Muy lejos han quedado aquellos tiempos en donde el gobierno lograba mantener artificial y relativamente estables los precios en la economía. Así por ejemplo, las tarifas de los servicios públicos, tales como la electricidad y el gas, gracias a los miles de millones de pesos que se destinaban en la forma de subsidios, se mantenían estables mientras los precios internacionales de la energía subían sin pausa alcanzando niveles récords históricos.
Los argentinos fueron así testigos de un engaño que les costó una gran cantidad de recursos. Al fin y al cabo, los miles de millones de pesos destinados a subsidiar precios irreales, salieron de los bolsillos de las familias argentinas, sólo que las mismas ni se percataron de ello. Pero lo grave es que el resultado final es mucho peor ya que el congelamiento tarifario (y la pobre intervención del gobierno), redujo el incentivo a invertir por parte de las compañías del sector generando graves problemas que actualmente son disimulados gracias al impacto de la crisis sobre la demanda energética.
Pero la crisis y los graves errores de política económica, le quitaron caja al gobierno y, como si representara la cabellera de Sansón, sin la caja, el gobierno ha perdido casi todo su poder y debe aceptar incrementos tarifarios para poder reducir los subsidios.
Los incrementos en los precios no solamente se están produciendo en las empresas de servicios públicos. También se observan en el resto de los sectores productivos aunque la permisibilidad oficial responde a otros motivos.
Las empresas se ponen al día con los aumentos de precios. Arrancaron las estaciones de servicio con incrementos promedio del 5% en el gasoil y la nafta. Al alza en el precio de los combustibles, le siguieron los seguros del automotor (con incrementos que llegaron hasta el 20%), la medicina prepaga (con aumentos de entre el 9% y el 12%) y la educación privada (con aumentos que si bien fueron acordados en mayo, regirán en el mes de agosto y alcanzan un incremento máximo del 36%). También en los colectivos interurbanos, se esperan ajustes que irán del 5% al 20% por la aplicación de un nuevo régimen tarifario.
Esta verdadera maratón de alzas de precios que se está produciendo luego de las elecciones en Argentina, promete no terminar allí y se expandirá hacia otros sectores de la economía. Así Argentina entrará en una situación de estanflación que puede agravarse cuando comiencen las presiones sindicales (que se muestran ajenos a la realidad), por aumentos salariales.
¿Por qué el gobierno se mantiene pasivo ante esta explosión de correcciones de precios? Sinceramente llama la atención esta postura y obviamente resulta contradictoria al discurso oficialista de defender a los segmentos sociales de menores ingresos para recomponer la justicia social.
El pasivismo del gobierno no hace otra cosa que dejar al descubierto la verdadera situación de la economía argentina. La inflación es para el gobierno el mal menor. Después de todo, si hay inflación, que no se noten dirían quienes se encargan de manipular las cifras del INDEC.
El aumento de precios se produce en medio de un panorama de alta fragilidad en el mercado laboral. Ante la caída en la actividad, estos ajustes de precios le permiten recomponer a las empresas sus resultados financieros y así evitar tener que recortar su personal.
Las empresas distribuidoras de gas se encuentran entre las beneficiadas con los aumentos de tarifas. Según había afirmado antes de las elecciones Alejandro Bianchi para “Crítica de la Argentina”: “El Gobierno busca que los aumentos en la boleta de gas que autorizó a fin del año pasado no le compliquen las elecciones legislativas de fin de mes. En otro de sus tantos pedidos no escritos, les sugirió a las distribuidoras del sector que no envíen las facturas que vencen entre el 8 y 28 de este mes a los clientes residenciales de más consumo (R3). Son los que pagarán hasta un 400% más que el invierno pasado”. Las empresas del sector, reconocieron por lo bajo lo denunciado por Bianchi. Pero más allá de ello, lo importante para estas empresas es que se han eliminado las restricciones existentes sobre los aumentos tarifarios y se abre un nuevo panorama a futuro, con un gobierno que sin caja, ha perdido buena parte del poder.
Una de las empresas que se beneficiará con los aumentos, que fueron anunciados en agosto y noviembre de 2008, pero que no se han concretado hasta el momento exclusivamente por cuestiones electorales, es Camuzzi Gas Pampeana (MERV:CGPA), empresa controlada por Sodigas Pampeana (86,09%), que a su vez es controlada por Camuzzi Argentina (56,91%) y por Sempra Energy (NYSE:SRE) con el 43,09% del paquete accionario. La autorización del incremento tarifario para Camuzzi se encuentra a la firma en la Secretaría General de la Presidencia.
Transportadora Gas del Sur (MERV:TGSU; NYSE:TGS), es una de las empresas que ha logrado ya beneficiarse con el incremento tarifario. La compañía muestra además una sólida posición financiera y sus papeles tienen un alto potencial de crecimiento por lo que están llamando la atención de los inversores.
Los aumentos de precios que está sufriendo la economía argentina luego del 28-J son una muestra clara de que el gobierno ha perdido no solamente el poder político sino también el económico. De ahora en más, no solamente estará obligado a consensuar sino a saber pedir auxilio. ¿Sabrá cómo hacerlo?
El diario argentino El Cronista analizaba ayer el cambio en el comportamiento del inversor local que está poniendo su atención en papeles del sector financiero y servicios. Entre estos últimos, los ajustes tarifarios que se esperan en breve, aumentaron el atractivo de las compañías de servicios públicos, pero me convencieron de que algo cambió en la economía argentina. Y ese cambio no fue por convicción sino por necesidad.
Muy lejos han quedado aquellos tiempos en donde el gobierno lograba mantener artificial y relativamente estables los precios en la economía. Así por ejemplo, las tarifas de los servicios públicos, tales como la electricidad y el gas, gracias a los miles de millones de pesos que se destinaban en la forma de subsidios, se mantenían estables mientras los precios internacionales de la energía subían sin pausa alcanzando niveles récords históricos.
Los argentinos fueron así testigos de un engaño que les costó una gran cantidad de recursos. Al fin y al cabo, los miles de millones de pesos destinados a subsidiar precios irreales, salieron de los bolsillos de las familias argentinas, sólo que las mismas ni se percataron de ello. Pero lo grave es que el resultado final es mucho peor ya que el congelamiento tarifario (y la pobre intervención del gobierno), redujo el incentivo a invertir por parte de las compañías del sector generando graves problemas que actualmente son disimulados gracias al impacto de la crisis sobre la demanda energética.
Pero la crisis y los graves errores de política económica, le quitaron caja al gobierno y, como si representara la cabellera de Sansón, sin la caja, el gobierno ha perdido casi todo su poder y debe aceptar incrementos tarifarios para poder reducir los subsidios.
Los incrementos en los precios no solamente se están produciendo en las empresas de servicios públicos. También se observan en el resto de los sectores productivos aunque la permisibilidad oficial responde a otros motivos.
Las empresas se ponen al día con los aumentos de precios. Arrancaron las estaciones de servicio con incrementos promedio del 5% en el gasoil y la nafta. Al alza en el precio de los combustibles, le siguieron los seguros del automotor (con incrementos que llegaron hasta el 20%), la medicina prepaga (con aumentos de entre el 9% y el 12%) y la educación privada (con aumentos que si bien fueron acordados en mayo, regirán en el mes de agosto y alcanzan un incremento máximo del 36%). También en los colectivos interurbanos, se esperan ajustes que irán del 5% al 20% por la aplicación de un nuevo régimen tarifario.
Esta verdadera maratón de alzas de precios que se está produciendo luego de las elecciones en Argentina, promete no terminar allí y se expandirá hacia otros sectores de la economía. Así Argentina entrará en una situación de estanflación que puede agravarse cuando comiencen las presiones sindicales (que se muestran ajenos a la realidad), por aumentos salariales.
¿Por qué el gobierno se mantiene pasivo ante esta explosión de correcciones de precios? Sinceramente llama la atención esta postura y obviamente resulta contradictoria al discurso oficialista de defender a los segmentos sociales de menores ingresos para recomponer la justicia social.
El pasivismo del gobierno no hace otra cosa que dejar al descubierto la verdadera situación de la economía argentina. La inflación es para el gobierno el mal menor. Después de todo, si hay inflación, que no se noten dirían quienes se encargan de manipular las cifras del INDEC.
El aumento de precios se produce en medio de un panorama de alta fragilidad en el mercado laboral. Ante la caída en la actividad, estos ajustes de precios le permiten recomponer a las empresas sus resultados financieros y así evitar tener que recortar su personal.
Las empresas distribuidoras de gas se encuentran entre las beneficiadas con los aumentos de tarifas. Según había afirmado antes de las elecciones Alejandro Bianchi para “Crítica de la Argentina”: “El Gobierno busca que los aumentos en la boleta de gas que autorizó a fin del año pasado no le compliquen las elecciones legislativas de fin de mes. En otro de sus tantos pedidos no escritos, les sugirió a las distribuidoras del sector que no envíen las facturas que vencen entre el 8 y 28 de este mes a los clientes residenciales de más consumo (R3). Son los que pagarán hasta un 400% más que el invierno pasado”. Las empresas del sector, reconocieron por lo bajo lo denunciado por Bianchi. Pero más allá de ello, lo importante para estas empresas es que se han eliminado las restricciones existentes sobre los aumentos tarifarios y se abre un nuevo panorama a futuro, con un gobierno que sin caja, ha perdido buena parte del poder.
Una de las empresas que se beneficiará con los aumentos, que fueron anunciados en agosto y noviembre de 2008, pero que no se han concretado hasta el momento exclusivamente por cuestiones electorales, es Camuzzi Gas Pampeana (MERV:CGPA), empresa controlada por Sodigas Pampeana (86,09%), que a su vez es controlada por Camuzzi Argentina (56,91%) y por Sempra Energy (NYSE:SRE) con el 43,09% del paquete accionario. La autorización del incremento tarifario para Camuzzi se encuentra a la firma en la Secretaría General de la Presidencia.
Transportadora Gas del Sur (MERV:TGSU; NYSE:TGS), es una de las empresas que ha logrado ya beneficiarse con el incremento tarifario. La compañía muestra además una sólida posición financiera y sus papeles tienen un alto potencial de crecimiento por lo que están llamando la atención de los inversores.
Los aumentos de precios que está sufriendo la economía argentina luego del 28-J son una muestra clara de que el gobierno ha perdido no solamente el poder político sino también el económico. De ahora en más, no solamente estará obligado a consensuar sino a saber pedir auxilio. ¿Sabrá cómo hacerlo?
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