LA EMPRESA CAMUZZI DICE NO ESTÁR EN CONDICIONES DE OTORGAR NINGUNA MEJORA SALARIAL A LOS EMPLEADOS. A PESAR DE TENER CGP UN BALANCE AL 30/9/10 CON UNA GANANCIA DE 13,9 MILLONES Y HABER SALIDO EN TAPA DE LA REVISTA FORTUNA DE EDITORIAL PERFIL COMO UNAS DE LAS EMPRESAS QUE MÁS CRECIERON EN EL 2010 . 773 %
La ilegalidad de la huelga en Gas del Estado Hacia 1988, debido a la alta inflación y la licuación de los ingresos de los asalariados, recrudecieron las huelgas por aumentos salariales, sobre todo en las empresas de servicios públicos, en manos del Estado . En este sentido, el imaginario social sobre un Estado incapaz de solventar el buen funcionamiento de sus empresas públicas, con un gasto público “desmesurado” fue el marco en el cuál anclaron los discursos a favor de la privatización y la deslegitimación de cualquier intento de oposición, como fue el caso de los trabajadores de Gas del Estado . La noticia de esta huelga fue construida por La Nación sobre el efecto, antes que sobre las causas del reclamo gremial. El medio hizo hincapié en la “ilegalidad” de los métodos con el objetivo de criminalizar la protesta y en la antinomia huelguista/usuario para deslegitimarla, deshistorizando y vaciando de contenido político al reclamo gremial. Bajo el cintillo “conflictos en las empresas públicas” apareció en tapa del 22 de julio de 1988, con una tipografía grande, la huelga de Gas del Estado bajo el titular: “Es ilegal la huelga en Gas del Estado”. Esta operación, en tapa y por lo tanto jerarquizada, implicó un primer desplazamiento de las causas que motivaron el conflicto gremial a su ilegalidad y, por tanto, a la deslegitimación y criminalización de la medida de fuerza. Lo que se destacó no fue que los trabajadores estaban oponiéndose al proceso de privatización de la empresa sino que ellos estaban cometiendo un delito. Por lo que, en el plano de la representación, se convirtió a los trabajadores en delincuentes, intentando invalidar su accionar. Mientras que las causas que motivaron el reclamo gremial (la privatización de la fuente de trabajo) quedaron perdidas e invisibilizadas en alguna parte de la noticia, se especificaron, en forma detallada, cuáles serían las sanciones que derivarían de esta ilegalidad -declarada por el Ministerio de Trabajo- de la medida de fuerza. Esto último sumado a la constante amenaza sobre la estabilidad en los puestos de trabajo. La decisión adoptada por el ministerio de trabajo abre la posibilidad de que se dispongan sanciones que afectarían la personería del gremio y la estabilidad laboral de sus afiliados. (Tapa, 22 de julio de 1988) Es posible advertir aquí que La Nación estableció un “nosotros” y un “ellos” en la representación de los actores involucrados en clave civilización/barbarie. Por un lado, los civilizados (empresarios/usuarios/ciudadanos) y por el otro los bárbaros (trabajadores en huelga/delincuentes). Y a éstos últimos se los trató de aislar del debate sobre el modelo neoliberal. Por lo que casi no se le dio espacio, en la cobertura mediática, a las voces de los gremialistas No puede aceptarse ni tolerarse que un gremio de 7000 personas pretenda imponer su política al gobierno nacional (…) El secretario de Energía Roberto Echarte calificó de salvaje y desmedida la medida de fuerza organizada por la Federación de Trabajadores de gas del Estado (el subrayado es mío) (Página 18, 22 de julio de 1988). La preeminencia del discurso empresario, en coincidencia con la ideología del medio, derivó también en la operación de utilizar fuentes legitimadas y de alta jerarquía para reforzar dicha postura. En este punto, es preciso señalar que dado que las fuentes siempre actúan con un grado de interés, recurrir a ellas supone un mayor grado de seriedad y efecto de credibilidad con el lector (Martini, 2000). La estrategia de inclusión de varias voces que apoyan la misma postura se hizo a partir de un gesto de poliglotismo o de falacia polifónica para reforzar un único discurso: el hegemónico “privatista”. Y dicha táctica se pudo visualizar también, en el marco de la crisis de fines de los ´80, en otras áreas del Estado en vías de privatización como Defensa . Para La Nación, la contracara de la “eficiencia” y racionalidad que persigue el modelo neoliberal, es la irracionalidad de los trabajadores que hacen huelga, en defensa de su fuente de trabajo. Además, al asociar lo “sano” con la desestatización, por oposición, lo estatal se asocia a una enfermedad que hay que erradicar. La huelga está basada en una actitud ´intransigente e inflexible´ que inhabilita cualquier intento superador del conflicto, lo que la convierte en `insanablemente´ ilegítima –expresó la disposición de Trabajo. (Tapa, 22 de julio de 1988) La atribución de “inflexibles” a los trabajadores, es posible también pensarla en función de la flexibilidad laboral que se impuso con el modelo neoliberal. Cuando se trata de reducir costos en las empresas este medio propuso, casi explícitamente, reducción de personal y flexibilización en los contratos de trabajo. Es casi imposible saber si la cantidad de personal en las empresas del Estado es la mínima requerida para las verdaderas necesidades de la empresa o si las modalidades de trabajo son las más convenientes y garantizan buenos rendimientos (Página 6, editorial 16 de junio de 1988) Por otro lado, la apelación a la ley de servicios esenciales, como limitación al derecho de huelga fue otra de las estrategias para deslegitimar y criminalizar la protesta gremial. Trabajo recordó que la medida de fuerza afecta ´la prestación de un servicio esencial para la comunidad´ (…) El Ministerio de Trabajo informó que el gremio no cumplió con la obligación de comunicar previamente sobre la adopción de medidas de fuerza que no están relacionadas con causas vinculadas con la relación laboral (Tapa y Página 18, 22 de julio de 1988, el subrayado es mío) Lo que omite, no casualmente, decir aquí La Nación es que según las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando se trata de este tipo de servicios se deberían dar garantías compensatorias a los trabajadores. Y se aconseja, desde dicho organismo, que sea una autoridad independiente, y no el Ministerio de Trabajo -que es parte del gobierno- el que defina la ilegalidad o no de la medida de fuerza y, eventualmente, los servicios mínimos que deben brindarse . Además, en cuánto a la expresión de “causas no vinculadas con la relación laboral” que implicaría el presupuesto de que una huelga política o en disputa con la política económica de un gobierno no sería una huelga legítima, Cornaglia (2006) explica que históricamente se quiso deslegitimar la huelga por esta atribución. En este sentido, la misma OIT remarcará en un fallo, algunos años después, que una huelga contra la política económica de un gobierno es totalmente válida . Sin embargo La Nación remarcó esta distinción para, una vez más, deslegitimar la huelga. Yo creo que no puede ser legal –sostuvo Jaroslavsky- un paro de esta naturaleza que no tiene otro fundamento que el de una discusión política de una decisión del Gobierno adoptada en uso de sus facultades (Página 18, 22 de julio de 1988) En cuanto al actor-gobierno, La Nación en tanto pedagogo social tomó una postura ambivalente. De acuerdo a las circunstancias más convenientes con la línea editorial-empresaria del medio, le atribuyó al gobierno una atribución “positiva” o “negativa”. Por ejemplo, en las decisiones de privatizar, desregular y reprimir a los huelguistas, este diario le brindó su total apoyo. Prevén la intervención de la Gendarmería Nacional en caso de que sea necesario (…) El Gobierno se ´mantendrá firme´ en su decisión de autorizar a cooperativas y agrupaciones vecinales la distribución domiciliaria de gas (Tapa y Página 18, 22 de julio de 1988) Sin embargo, cuando el gobierno no tomó una actitud activa, de implementación de “mano dura”, fue representado como incapaz, débil y pasivo ante el avance del conflicto sindical y se marcaron, insistentemente, los errores cometidos por las autoridades públicas. Los sindicatos basan, muchas veces, el éxito gremial en la calculada pasividad de la autoridad de aplicación de las leyes y reglamentos específicos (Página 8, editorial, 19 de julio 1988; el subrayado es mío) Otro actor importante en esta cobertura fue la del usuario de servicios públicos o tercero damnificado, quién apareció construido como víctima en el conflicto, en el marco del desplazamiento de las causas del reclamo gremial a las problemáticas particulares de los usuarios y al agravamiento de la crisis energética. El paro agrava la crisis energética que padece el país (Página 19, 22 de julio de 1988) Como a cientos de miles de personas les consta, la coincidencia casual o deliberada de medidas de fuerza diferentes o sus sorpresivos planteamientos agravaron considerablemente las perturbaciones sufridas por la comunidad (Página 8, editorial, 19 de julio de 1988 –el subrayado es mío.) En este caso, la estrategia discursiva fue la de universalizar intereses particulares como los intereses del todo (Thompson, 1993). Lo interesante del contexto de los años ´80 fue que cada sector creyó que se beneficiaría con la retirada del Estado. Y con la consecución de un Estado más chico se prometía que desaparecería la inflación, se disminuiría la carga impositiva, mientras que las privatizaciones asegurarían la provisión de mejores servicios (Beltrán, 2006). Además, para La Nación, hasta los mismos trabajadores habrían estado más “contentos” de trabajar en el sector privado y por eso, en el plano de la representación, se contrapusieron las bondades del sector privado a la hostilidad de los dirigentes gremiales. Queda en evidencia que los trabajadores encuentran mucho más satisfactorias las condiciones laborales en el campo de la empresa privada. No se termina de entender por qué tantos de sus dirigentes insisten en cerradas oposiciones a todo intento privatizador de los servicios actualmente en manos del Estado (Página 8, Editorial, 19 de julio de 1988). Siguiendo la línea de pensamiento de Beltrán, el lugar atribuido al Estado ayudó a mantener la ilusión de homogeneidad ya que todas las críticas iban hacia él y él debía brindar las soluciones. Por lo tanto, los conflictos interempresarios que se sucedían en la práctica –aunque se homogeneizaban en el discurso- aparecían desdibujados por esa figura estatal demonizada. ... abrir artículo completo (versión PDF) Etiquetas: Medios gráficos masivos, huelgas, representaciones, neoliberalismo |
NEUQUÉN (AN).- "Hace 18 años que estamos luchando por lo que nos corresponde, que está establecido en la ley de privatización de empresas del Estado" aseguró Luis Navarro, presidente de la Federación Argentina de ex empleados del Gas del Estado. La Ley dice que las compañías que se hagan cargo de los distintos sectores de las empresas a privatizar deberán entregar a los trabajadores una proporción de Propiedad Participada, que equivale al 10% del capital accionario.
En referencia a la ley que entró a Diputados que crea el Régimen de Participación Laboral de las Ganancias de las Empresas, Navarro dijo: "Ahora nos piden una tercera ley que establece exactamente lo mismo que la ley madre, el 10% del paquete accionario para los trabajadores, y para presentarla tiene que tener un historial y todo esto que yo menciono está documentado allí y está firmada por 5 senadores nacionales".
Además Navarro comentó: "De buenas a primeras, hace unos días me llaman del estudio de abogados con la noticia de que me envían documentación con las primeras 7 sentencias del país, lo que es un gran avance pero que de todas formas no nos aseguran nada, hay que seguir adelante con la ley porque es lo que nos va a garantizar los derechos", afirmó.
Navarro declaró que después de las privatizaciones se los trató de una forma "despiadada", no les reconocieron las condiciones laborales que tenían, les subieron la edad de jubilación, y los quisieron conformar con sumas ínfimas.
"A este señor de La Rioja (Carlos Menem) no le alcanzó con entregar una de las potencialidades de un país que son los hidrocarburos, que son la energía. Sino que una vez privatizadas las empresas, apoyado por el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Obras Públicas, presentó un decreto que establecía que para tener derecho a las acciones, los trabajadores debían tener dos años de antigüedad, con lo que las empresas ya privatizadas comenzaron a despedir gente", denunció Navarro.
El presidente de la Federación ejemplificó que en el caso de YPF despidieron 24.000 agentes y "en todas las indemnizaciones que le dieron a la gente la robaron, fue la primera vez que un decreto estuvo por encima de una ley, que por cierto nunca fue publicado en el Boletín Oficial".
"En estos 18 años nos han puesto cualquier cantidad de trabas, hay muchísimas sentencias que echaron para atrás, hay personas que trabajaron toda su vida y que se han muerto en la miseria", expresó Navarro.
"Si se cumpliera con la constitución no habría juicios", agregó.
http://www.rionegro.com.ar/diario/rn/nota.aspx?idart=458630&idcat=9544&tipo=2
