La empresa se llamaba Gas del Estado.
Existía en un país que ya no es el que era. No es el que era por efecto del saqueo, del robo, del negocio de pocos.
Aquella empresa estatal hacía posible que todas las familias de la nación que hoy no puede reconocerse a si misma tuvieran la posibilidad de contar con gas natural para cocinar y calentarse en tiempos de bajas temperaturas.
Era una posibilidad cierta. Que todas las familias en el sur del mundo a través de aquella empresa, Gas del Estado, contaran con lo mínimo necesario para cocinar y darse calor.
Pero vino un tiempo de ruindad y ultraje sin fin que se llevó el nombre, la empresa y la posibilidad de garantizar el derecho de los que son más.
Quedaron las consecuencias.
Empresas privadas que se hicieron cargo del servicio público y lo convirtieron en negocio y la desesperación de muchos que no tienen el servicio para calentarse en el invierno.
Los medios informaron que “de las ocho distribuidoras que prestan el servicio domiciliario en el país, sólo una (Gas Natural Ban) cobra los tres ajustes. El resto espera la autorización final del ente regulador (Enargas) que pateó todo para después del 28 de junio para no afectar el humor de los votantes. Además, el Ministerio de Planificación redujo el universo de usuarios al que afecta un nuevo cargo tarifario destinado a pagar la importación de gas boliviano y de gas licuado de petróleo. De todas maneras, para aquellos hogares porteños que consumen menos de 1.500 metros cúbicos por año, los menos golpeados por la medida oficial, el incremento llega al 105 por ciento según cálculos de la Defensoría del Pueblo de la Nación”, apuntaron los trabajadores de prensa.
Metrogas, Litoral Gas y Gasnor todavía no concretaron sus aumentos. La explicación es que “sus respectivos decretos del Poder Ejecutivo fueron publicados en el Boletín Oficial pero el ente regulador no aprobó los nuevos cuadros tarifarios, una manera silenciosa de posponer la medida para después de las elecciones en territorios sensibles políticamente como Capital Federal y Santa Fe. Camuzzi, que presta el servicio en la provincia de Buenos Aires y la Patagonia, viene un paso atrás. Tiene todo a la firma en la Secretaría General de la Presidencia”, agrega la información.
La consecuencia, entonces, se ve en los arrabales.
En la provincia de Córdoba, en la zona del valle de Calamuchita, dos hermanitos, uno de 5 meses y el otro de 3 años de edad, murieron carbonizados mientras dormían, al incendiarse una casilla de madera con techo de chapa que habitaban junto a su familia en el paraje Atos Pampa.
La razón fue una salamandra que usaban para calefaccionarse y mitigar las crudas temperaturas de invierno, en una zona aún más fría por su altura.
La mamá “había dejado a los pequeños durmiendo, mientras llevaba a sus otros tres niños a la escuela. Cuando regresó, tras desandar más de dos kilómetros de a pie, se encontró con un cuadro desolador: la casilla, con los dos pequeños en el interior, había quedado convertida en un puñado de cenizas. La tragedia no pudo ser evitada por los vecinos que acudieron al lugar a intentar, con esfuerzo vano, de mitigar el voraz incendio que consumió dos vidas inocentes. Cuando los bomberos llegaron, ya nada había que hacer”, sostienen los periódicos.
En aquel país no solamente será necesario recuperar aquella empresa, Gas del Estado, sino la dignidad del pueblo que alguna vez sintió orgullo de vivir en un lugar donde los derechos sociales eran defendidos y encarnados en los que eran más.
Existía en un país que ya no es el que era. No es el que era por efecto del saqueo, del robo, del negocio de pocos.
Aquella empresa estatal hacía posible que todas las familias de la nación que hoy no puede reconocerse a si misma tuvieran la posibilidad de contar con gas natural para cocinar y calentarse en tiempos de bajas temperaturas.
Era una posibilidad cierta. Que todas las familias en el sur del mundo a través de aquella empresa, Gas del Estado, contaran con lo mínimo necesario para cocinar y darse calor.
Pero vino un tiempo de ruindad y ultraje sin fin que se llevó el nombre, la empresa y la posibilidad de garantizar el derecho de los que son más.
Quedaron las consecuencias.
Empresas privadas que se hicieron cargo del servicio público y lo convirtieron en negocio y la desesperación de muchos que no tienen el servicio para calentarse en el invierno.
Los medios informaron que “de las ocho distribuidoras que prestan el servicio domiciliario en el país, sólo una (Gas Natural Ban) cobra los tres ajustes. El resto espera la autorización final del ente regulador (Enargas) que pateó todo para después del 28 de junio para no afectar el humor de los votantes. Además, el Ministerio de Planificación redujo el universo de usuarios al que afecta un nuevo cargo tarifario destinado a pagar la importación de gas boliviano y de gas licuado de petróleo. De todas maneras, para aquellos hogares porteños que consumen menos de 1.500 metros cúbicos por año, los menos golpeados por la medida oficial, el incremento llega al 105 por ciento según cálculos de la Defensoría del Pueblo de la Nación”, apuntaron los trabajadores de prensa.
Metrogas, Litoral Gas y Gasnor todavía no concretaron sus aumentos. La explicación es que “sus respectivos decretos del Poder Ejecutivo fueron publicados en el Boletín Oficial pero el ente regulador no aprobó los nuevos cuadros tarifarios, una manera silenciosa de posponer la medida para después de las elecciones en territorios sensibles políticamente como Capital Federal y Santa Fe. Camuzzi, que presta el servicio en la provincia de Buenos Aires y la Patagonia, viene un paso atrás. Tiene todo a la firma en la Secretaría General de la Presidencia”, agrega la información.
La consecuencia, entonces, se ve en los arrabales.
En la provincia de Córdoba, en la zona del valle de Calamuchita, dos hermanitos, uno de 5 meses y el otro de 3 años de edad, murieron carbonizados mientras dormían, al incendiarse una casilla de madera con techo de chapa que habitaban junto a su familia en el paraje Atos Pampa.
La razón fue una salamandra que usaban para calefaccionarse y mitigar las crudas temperaturas de invierno, en una zona aún más fría por su altura.
La mamá “había dejado a los pequeños durmiendo, mientras llevaba a sus otros tres niños a la escuela. Cuando regresó, tras desandar más de dos kilómetros de a pie, se encontró con un cuadro desolador: la casilla, con los dos pequeños en el interior, había quedado convertida en un puñado de cenizas. La tragedia no pudo ser evitada por los vecinos que acudieron al lugar a intentar, con esfuerzo vano, de mitigar el voraz incendio que consumió dos vidas inocentes. Cuando los bomberos llegaron, ya nada había que hacer”, sostienen los periódicos.
En aquel país no solamente será necesario recuperar aquella empresa, Gas del Estado, sino la dignidad del pueblo que alguna vez sintió orgullo de vivir en un lugar donde los derechos sociales eran defendidos y encarnados en los que eran más.
