A través de la resolución 3456 de la Secretaría de Energía, que
conduce Daniel Cameron, dispuso que Cammesa, la compañía administradora
del mercado eléctrico, les pague US$ 5,20 por millón de BTU (la unidad
de medida) a las petroleras que vendan gas para usinas térmicas y
registren aumentos en su producción. Ese número implica casi 26% más que
los 4,10 dólares que recibían hasta ahora las empresas con actividad
local.
La resolución data del último día de mayo, pero fue
implementada durante julio y comenzó a ser comunicada a los empresarios
en los últimos días. "Hay que empezar a dar precios más competitivos que
favorezcan la inversión en la búsqueda de reservas", justificaron en la
Secretaría de Energía.
En tiempos de creciente injerencia oficial en el
mercado petrolero, el aumento fue leído por los hombres de negocios como
una medida "a favor de la inversión". El premio extra que recibirán las
compañías -las mayores productoras de gas nuevo son la francesa Total y
la norteamericana Apache, aunque hay más en la lista- no implicará, al
menos de manera directa, un aumento en las tarifas de los usuarios
residenciales, dado que será cubierto parcialmente por el Estado y
engrosará los subsidios al sector eléctrico, que se canalizan a través
de Cammesa.
Ese organismo respondió durante años al ministro de
Planificación, Julio De Vido, que en el último mes cedió protagonismo a
Juan Manuel Abud y Paula Español, dos funcionarios del viceministro de
Economía, Axel Kicillof. Es el mayor destinatario de las subvenciones
estatales, por encima de otras cajas gigantescas, como Enarsa y
Aerolíneas Argentinas. Hasta abril, de acuerdo con la Asociación
Argentina de Presupuesto (ASAP), había utilizado $ 4649,8 millones, un
21% de los giros previstos por el Gobierno para este año.
La medida tiene una connotación política para los
empresarios: mientras Kicillof disipa la inversión, De Vido intenta
mejorar sus condiciones.
El esquema que planteó el kirchnerismo para el mercado
eléctrico ocasionó múltiples distorsiones durante la última década. De
acuerdo con las empresas que generan electricidad, hoy el precio que
reciben no cubre su costo de producción. Es por eso que el Gobierno se
hace cargo de una parte de los combustibles con los que se produce la
energía.
Aunque pagará más por una porción del gas, espera
complementar esa erogación con una mejora en la balanza comercial
energética, uno de los ítems de la economía sobre los cuales más recala
la presidenta Cristina Kirchner. El año pasado, las importaciones del
sector treparon 110%, hasta los US$ 9397 millones. Cristina recordó ese
número con molestia durante la apertura de sesiones ordinarias del
Congreso, en marzo, y fue uno de los argumentos que esgrimió para
nacionalizar el 51% de las acciones de Repsol en YPF. Una parte
importante de esa cifra se debe a la importación de gas natural licuado
(el Gobierno llegó a pagar hasta 18 dólares el millón de BTU), es decir,
3,5 veces más que el nuevo precio), gas de Bolivia, fueloil y gasoil
para quemar en usinas térmicas.
3 comentarios:
Transportadoras y distribuidoras seran las siguientes...?
Y este gobierno de mierda cuando piensa liberar las tarifas de las transportadoras!!!!!!!!!
Che hace rato que ningún kakero defiende a este gobierno de mierda korrupto y oligarka!!!
Que pasa tiene verguenza de haber votado esta mierda kakera!!!
Publicar un comentario