El objetivo principal del encuentro fue analizar el grado de inversión que presentan las empresas productoras de hidrocarburos en todo el país. Participaron autoridades nacionales, gobernadores y representantes de gremios.
Dentro de 15 días, las provincias deberán presentar un informe sobre el grado de inversión que las empresas poseen en cada área hidrocarburíferas y, a partir de ese detalle, se analizará cuál es el grado de inversión faltante para revertir esa situación, en caso de que la empresa no presente inversión suficiente.
Entre los puntos establecidos en el acta se destaca "fijar como principio rector de la política de Estado en materia de hidrocarburos el autoabastecimiento de petróleo y gas mediante la aplicación del criterio de máximo desarrollo de las Cuencas, a través de métodos y procedimientos convencionales y no convencionales de producción".
El documento exige "a las empresas concesionarias elevar los flujos de inversión tanto en exploración compatible con una reposición adecuada de reservas, como a un aumento al máximo de producción sostenible, lo cual incrementará la actividad de servicios complementarios y el empleo directo e indirecto, y colaborará a mantener la paz social".
También asume "aplicar todas aquellas medidas contempladas en la legislación vigente, respecto a verificar que los concesionarios cumplan con el principio de explorar la totalidad de los permisos de exploración y concesiones de explotación otorgados en cada una de las Cuencas, con el objeto de incrementar el horizonte de reservas de petróleo y gas".
Otro de los puntos del acuerdo prevé "aplicar todas las herramientas legales vigentes con el fin de proceder a la reversión inmediata de aquellos permisos de exploración o concesiones de explotación o porciones parciales de éstas, en donde se comprueben procesos de desinversión, inversión escasa o subinversión por parte del permisionario o concesionario, asociado a una caída manifiesta e injustificada de producción o de reservas de hidrocarburos".
La Ofephi en el documento pide "incentivar la participación de terceras empresas en zonas de menor interés o donde la participación de estas mejoren la economía de la exploración del área, preferentemente empresas públicas provinciales y nacionales, actuando por sí mismas o asociadas, en los procesos de producción de yacimientos de petróleo y gas, a fin de maximizar la misma y lograr mayor porción de renta pero mejorando su redistribución primaria.
Asimismo se impone "ejercer de manera estricta el control y monitoreo ambiental de los yacimientos" y "dar especial preferencia a la incorporación de nuevos recursos humanos locales de cada provincia en la que desarrollan los yacimientos, como así también la contratación de empresas locales de bienes y servicios".
El documento reza que "los planes de inversiones deben contener las metas de volúmenes de producción por yacimiento ya sean convencionales o no convencionales" y detalles de los equipos involucrados para estas tareas.
En cuanto a las empresas refinadoras les exige "un esquema armónico, equitativo y no discriminatorio de distribución y comercialización de combustibles y derivados, en función de la real demanda de los mismos en cada una de las jurisdicciones provinciales" y pide aumentar las capacidades de refinación de las plantas existentes, a la par de evaluar en el corto plazo la ejecución de plantas refinadoras de crudo de tipo modular ampliables en concordancia a los niveles de máxima producción antes requerida en cada uno de los yacimientos".
El acta fue firmada por el gobernador de la provincia del Neuquén, Jorge Sapag; el gobernador de Chubut, Martín Buzzi; el ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibañez; el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner; el gobernador de La Pampa, Oscar Jorge; el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta; la gobernadora de Tierra del Fuego, María Fabiana Ríos; el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; el ministro de Economía y Finanzas, Hernán Lorenzino; el secretario de Energía, Daniel Cameron; el secretario de Política Económica, Alex Kicillof; el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta; el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra; el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural, Oscar Mangone; el normalizador del Sindicato Gas y Petróleo Biocombustibles de Santa Cruz, Carlos Omar Flaquier; el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y Químico de Cuyo y La Rioja, Julián Matamala; el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Manuel Arévalo; el secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Gas del Petróleo y Gas Privado de Patagonia Austral, José Llugdar y el secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garages de la República Argentina, Carlos Acuña.
