El Gobierno muestra cada vez más interés en seguir de cerca a las empresas, especialmente a las privatizadas. Las firmas con más suerte sólo padecieron las intromisiones del poco ortodoxo secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Las menos agraciadas están viviendo cada vez menos justificadas formas de intromisión por parte del Estado en su operatoria cotidiana.
Una de las primeras en vivirlo fue Metrogas (British Gas e YPF), cuando hace dos años la obligaron a cambiar de gerente general. Ahí no había norma del Enargas ni acciones de las AFJP que respaldara la medida, pero la empresa terminó removiendo a su número uno.
A fines del año pasado, el Gobierno puso un interventor en TGN (donde participa Techint) después de que la empresa anunció que no iba a poder hacer frente a su deuda. El argumento era que el servicio corría riesgos porque la empresa había entrado en default. Nada de esto cree el Estado que puede pasar en TGS (controlada por Petrobras), a la cual los acreedores ya le pidieron la quiebra.
Si hasta ahora fueron casos aislados, en los últimos días el Gobierno encontró la forma de intervenir de manera sistemática y sin salirse del sendero de las reglas corporativas, con la designación de directores (por ahora solo en las empresas privatizadas, aunque irá por el resto). Estas compañías están por estos días realizando sus asambleas de accionistas para aprobar los balances de 2008 y nombrar directores. Como el Estado se quedó con las participaciones accionarias que las AFJP tenían en más de 30 empresas, está ubicando a hombres de su confianza en el directorio.
Salvo en el caso de Telecom, nunca se había conocido la presencia de veedores en las empresas sobre las que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene que emitir su opinión (en este caso, decidir si aprueba o no la operación internacional por la que Telefónica compró una participación en Telecom Italia, dueña de la mitad de Telecom argentina). El Gobierno, en lugar de sancionar el no cumplimiento de una norma, pone a dos personas para que "informen" si se cumple o no.
Una de las primeras en vivirlo fue Metrogas (British Gas e YPF), cuando hace dos años la obligaron a cambiar de gerente general. Ahí no había norma del Enargas ni acciones de las AFJP que respaldara la medida, pero la empresa terminó removiendo a su número uno.
A fines del año pasado, el Gobierno puso un interventor en TGN (donde participa Techint) después de que la empresa anunció que no iba a poder hacer frente a su deuda. El argumento era que el servicio corría riesgos porque la empresa había entrado en default. Nada de esto cree el Estado que puede pasar en TGS (controlada por Petrobras), a la cual los acreedores ya le pidieron la quiebra.
Si hasta ahora fueron casos aislados, en los últimos días el Gobierno encontró la forma de intervenir de manera sistemática y sin salirse del sendero de las reglas corporativas, con la designación de directores (por ahora solo en las empresas privatizadas, aunque irá por el resto). Estas compañías están por estos días realizando sus asambleas de accionistas para aprobar los balances de 2008 y nombrar directores. Como el Estado se quedó con las participaciones accionarias que las AFJP tenían en más de 30 empresas, está ubicando a hombres de su confianza en el directorio.
Salvo en el caso de Telecom, nunca se había conocido la presencia de veedores en las empresas sobre las que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene que emitir su opinión (en este caso, decidir si aprueba o no la operación internacional por la que Telefónica compró una participación en Telecom Italia, dueña de la mitad de Telecom argentina). El Gobierno, en lugar de sancionar el no cumplimiento de una norma, pone a dos personas para que "informen" si se cumple o no.
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